La reciente ola de amenazas sobre presuntos ataques armados en instituciones educativas de la provincia derivó en un rápido avance judicial. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal confirmó la imputación formal de un grupo de estudiantes vinculados a la autoría de mensajes intimidatorios que sembraron el pánico entre docentes, alumnos y padres.
En el marco de la investigación por el caso registrado en el Colegio Walter Adet, el fiscal penal N° 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó a dos jóvenes mayores de 18 y 19 años, y a un adolescente de 17, bajo la figura penal de intimidación pública. Durante la audiencia correspondiente, los acusados brindaron su versión de los hechos acompañados por sus abogados defensores, pero la Fiscalía solicitó de manera preventiva el mantenimiento de sus detenciones.
El origen de esta causa se remonta al hallazgo de inscripciones de carácter violento en las paredes del baño de varones del establecimiento. La gravedad del mensaje motivó la intervención directa del Juzgado de Garantías 5, a cargo de Pablo Zerdán, quien autorizó a la División Investigaciones Sur a realizar una serie de allanamientos simultáneos en domicilios de los barrios Santa Ana I y Miguel Aráoz.
El accionar de la Justicia también se hizo sentir en otras instituciones educativas afectadas por la misma modalidad delictiva. Por el caso ocurrido en el Colegio Secundario Técnico República de la India, la fiscal penal juvenil 2, Carolina Hernández, imputó a un adolescente de 16 años.
Al prestar declaración indagatoria en presencia de su madre y de la defensa oficial, el menor reconoció abiertamente su participación en la confección de las amenazas y manifestó un profundo arrepentimiento, asegurando ante las autoridades que no logró dimensionar la verdadera gravedad de su conducta. Tras allanar su domicilio para secuestrar elementos probatorios, el joven fue trasladado y permanece alojado en el Instituto Especializado de Atención a Jóvenes.
Por otra parte, la Policía de Salta informó que los procedimientos continúan desarrollándose en el interior de la provincia. En las últimas horas, las autoridades confirmaron la demora de otro menor de edad, alumno regular del Colegio 5009 de la localidad de Rosario de la Frontera, por un hecho de características idénticas. En este caso tomó intervención el Juzgado de Menores 3, ordenando la correspondiente requisa domiciliaria y la retención preventiva de su teléfono celular para las pericias informáticas.
