El diputado libertario Nicolás Arce encendió la mecha durante un debate legislativo al proponer la implementación obligatoria de narcotest para los profesores de la sede Tartagal. La justificación del legislador es tan directa como incendiaria: asegura haber recibido denuncias sobre comportamientos inapropiados en las aulas.
"Un profesional que consume sustancias no cuenta con la idoneidad necesaria para enseñar", sentenció Arce.
La respuesta de la UNSa no se hizo esperar y fue una muralla de rechazo absoluto. El secretario de Asuntos Jurídicos, Daniel Mansilla Muñoz, fue el encargado de marcar la cancha, apelando a un principio sagrado para la institución:
Autonomía Universitaria: La universidad sostiene que el Poder Legislativo no tiene facultades para intervenir en sus decisiones internas.
Falta de pruebas: Desde la casa de estudios aseguran que las denuncias de Arce no tienen sustento suficiente y califican la medida de arbitraria.
Rechazo a las formas: La institución considera que el planteo es un ataque directo a la integridad del cuerpo docente.
