El oficialismo logró el quorum y este miércoles pasadas las 11 comenzó la sesión en el Senado Nacional para debatir el proyecto de reforma laboral, al que el Gobierno espera darle media sanción para que luego pase a Diputados.
En la previa, el Gobierno anunció un acuerdo para destrabar la reforma laboral. Tras semanas de negociaciones, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró que el oficialismo llegará al recinto con un dictamen consensuado que incorpora 28 modificaciones, entre ellas la eliminación del capítulo que preveía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para las empresas, el punto que más resistencia generaba entre los gobernadores.
Se espera una gran movilización de diversos sindicatos y gremio al Congreso. En Rosario, se realizaban nuevas manifestaciones en contra. Organizaciones sociales cortaron el tránsito de avenida Presidente Perón y Circunvalación de 10 a 13, aunque se podía acceder por las colectoras. Por la tarde, la CGT local convoca a concentrarse a las 16 en la plaza San Martín para marchar desde las 17.
El anuncio del acuerdo se hizo este martes desde el Salón de las Provincias, luego de la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Bullrich brindó una conferencia de prensa acompañada por senadores de su bloque y referentes de la oposición dialoguista, como Eduardo Vischi (UCR) y Martín Goerling Lara (PRO). “Un gran bloque de distintos partidos políticos hemos logrado un acuerdo para tratar mañana la primera ley laboral en democracia que va a generar un cambio estratégico”, afirmó Bullrich.
Según detalló, el texto “tiene el aporte de muchos bloques y provincias” y es el resultado de “meses de trabajo y horas de discusión”.
La decisión más relevante fue quitar el artículo que reducía en un 3% el Impuesto a las Ganancias para las empresas, una cláusula que había puesto en alerta a los gobernadores por el impacto fiscal: se estimaba una pérdida de alrededor de 3 billones de pesos para las provincias. Con ese punto fuera del proyecto, el oficialismo despejó el último obstáculo serio y dejó el camino allanado para la media sanción.
“Decidimos postergar el tratamiento de Ganancias hasta construir una reforma fiscal integral que contemple los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal”, explicó Bullrich.
Entre las modificaciones acordadas, Bullrich destacó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen de indemnizaciones que será financiado con recursos de la Ansés. Por impulso de la UCR, el esquema quedó dividido en dos categorías: 1% para grandes empresas y 2,5% para PyMEs, con la posibilidad de escalar hasta 1,5% y 3%, respectivamente, bajo control de la Comisión Bicameral de Previsión Social.
Otro eje central es la reforma del sistema judicial laboral. Aunque en la versión final se quitará esa denominación, Bullrich insistió en que el objetivo es terminar con lo que definió como la “industria del juicio”. “Tiene que haber juicios cuando hay injusticias, pero no un sistema que perjudique tanto a trabajadores como a empresas”, remarcó.
Además, el proyecto fija un mecanismo claro de actualización de créditos laborales, que será el IPC más un 3% mensual, para dar previsibilidad a las empresas, y avanza hacia una registración laboral simplificada y digital, a cargo del organismo recaudador Arca.
También se delimitaron con mayor precisión los beneficios sociales no remunerativos, como comedores, reintegros médicos, guarderías, útiles escolares y capacitación, para evitar su posterior judicialización.
Además, se mantendrá en 6% el aporte patronal a las obras sociales y los llamados aportes solidarios seguirán siendo obligatorios por dos años, con un tope del 2%; luego pasarán a ser voluntarios. Los empleadores continuarán actuando como agentes de retención de la cuota sindical, preservando así la recaudación gremial.
Del lado empresario, se eliminó la cláusula que volvía voluntarios los aportes a las cámaras. Finalmente, serán obligatorios por dos años, con un límite del 0,5%.
Según Bullrich, los cambios fueron consensuados con la oposición dialoguista y el oficialismo cuenta con un respaldo estimado de entre 42 y 44 votos para la aprobación en general. En la votación en particular, que será por títulos, podría haber variaciones, aunque en el Gobierno descuentan que todos los artículos tendrán mayoría.
