La pobreza volvió a bajar en la Argentina y se ubicó en 26,9% durante el tercer trimestre de 2025, según informó este jueves el Ministerio de Capital Humano. El dato implicó una caída interanual de 11,4 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024, cuando había alcanzado el 38,3%.
La estimación fue elaborada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el INDEC. El Gobierno atribuyó el descenso a la desaceleración de la inflación, la estabilización macroeconómica y la focalización de las políticas sociales en los sectores más vulnerables.
El informe oficial señaló además que la pobreza registró su pico máximo en el primer trimestre de 2024, cuando alcanzó al 54,8%, y destacó que desde entonces se consolidó una tendencia descendente.
En paralelo, la indigencia se ubicó en 6,0% en el tercer trimestre de 2025, con una baja interanual de 3,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.
Desde el Ministerio recordaron que el INDEC publica la medición oficial de pobreza de manera semestral y que el próximo dato oficial se difundirá en marzo de 2026, correspondiente al segundo semestre de 2025.
Las estadísticas públicas, otra vez en la polémica
El anuncio oficial se produce, además, en un contexto de fuerte controversia política y técnica en torno a la credibilidad de las estadísticas públicas, luego de la polémica suscitada por la postergación —y posterior redefinición— de la nueva metodología para medir la inflación que preparaba el INDEC. Ese episodio precipitó la renuncia de Marcos Lavagna a la conducción del organismo y abrió un debate de alcance nacional sobre la posibilidad de que se alteren indicadores sensibles para favorecer la narrativa económica del Gobierno.
La discusión se intensificó a partir de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien anoche confirmó en una entrevista televisiva que el Ejecutivo no avanzará con el índice que se encontraba en preparación y que, en cambio, se elaborará un indicador distinto, con otra metodología y otros tiempos de implementación. Según explicó, tanto él como el presidente Javier Milei consideraron que no era el momento adecuado para introducir cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Caputo argumentó que el índice vigente se construye sobre una canasta de consumo basada en una Encuesta Permanente de Hogares realizada en 2018 y sostuvo que los hábitos de consumo cambiaron de manera sustancial tras la pandemia. En ese marco, planteó que modificar la metodología en pleno proceso de desinflación podía introducir distorsiones adicionales y generar confusión en la lectura de los datos.
Sin embargo, la salida de Lavagna y la revisión del IPC reavivaron sospechas en sectores de la oposición y entre economistas independientes, que advirtieron sobre el impacto directo que cualquier cambio metodológico puede tener no solo en la medición de la inflación, sino también en el cálculo de las canastas básicas de pobreza e indigencia y, por lo tanto, en la cantidad de personas consideradas pobres o indigentes.
