El gobierno de Venezuela decretó el estado de conmoción interna y ordenó la detención de personas que expresen apoyo a la operación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. La medida fue oficializada a través de un decreto que amplía las facultades de las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional.
Según el texto, el decreto habilita arrestos sin orden judicial y autoriza operativos en cualquier punto del país. Además, permite la suspensión temporal de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de reunión, la protesta y la circulación, en el marco de lo que el régimen definió como una situación de amenaza interna.
La disposición fue adoptada tras la operación encabezada por Estados Unidos que derivó en la detención de Maduro, un hecho que generó reacciones inmediatas dentro y fuera de Venezuela. Desde Caracas, las autoridades chavistas calificaron el operativo como una agresión extranjera y señalaron que el decreto busca “preservar el orden interno”.
El documento establece que las fuerzas de seguridad podrán actuar de manera preventiva frente a manifestaciones públicas, expresiones en redes sociales y cualquier acción considerada de respaldo a la intervención estadounidense. También faculta al Ejecutivo a restringir concentraciones y disolver reuniones sin necesidad de autorización judicial previa.
En paralelo, organismos internacionales y gobiernos de la región siguen de cerca la situación, ante el alcance de las medidas dispuestas y su impacto sobre las garantías individuales. El decreto no fija un plazo concreto de vigencia y deja abierta la posibilidad de prórrogas según la evaluación del Ejecutivo.
Con esta decisión, el régimen chavista refuerza el control interno en un contexto de alta tensión política y judicial, marcado por la detención de Maduro y por un escenario regional en plena reconfiguración.
