En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar al pedido de ampliación de la imputación penal y a la extensión del plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026 en el caso donde se investiga una red de trata sexual que se encargaba de captar alumnas de colegios secundarios tanto privados como públicos.
De la audiencia -que se desarrolló el 16 de diciembre pasado y se extendió por más de seis horas- también participaron el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escándar, en representación de 16 menores; la abogada Sandra Domene, querellante particular por una víctima; los abogados Martín Arias Portella y Nelson Antonio Rivas en representación de otra adolescente y la Asesora de Menores e Incapaces, Gala Emilse Poma.
Cabe recordar que la formalización de la investigación se realizó el 11 de septiembre pasado, tras la detención de cuatro personas, que fueron imputadas como coautores del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas; el número de intervinientes y por haberse consumado la explotación.
Tras esto, se sumaron otro cinco implicados, a quienes también se les imputó su participación en la red de trata sexual. Tras las detenciones que se concretaron entre septiembre y noviembre y ante el avance de la investigación, el número de víctimas pasó de 3 a 33 y no se descarta la posibilidad de que existan más adolescentes afectadas.
Iniciado el caso, la responsable del Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, la psicóloga Verónica Olguín Rufino, llevó adelante una tarea de contención que permitió a las chicas revelar detalles de cómo funcionaba la red de trata y también detectar a otras adolescentes captadas. Actualmente, se llevan a cabo distintas Cámara Gesell, medida clave para terminar de cerrar el círculo delictivo. En el caso, colabora también la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dirigida por la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo.
La tarea investigativa, a cargo tanto de la Fiscalía de Distrito como del personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria se centra actualmente en los peritajes a teléfonos y otros dispositivos secuestrados a los acusados, como así también otras diligencias complementarias.
Nuevas imputaciones
De los nueve detenidos, ocho están imputados como coautores del delito de trata de personas con la finalidad de promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, la minoridad y cantidad de las víctimas; por el número de intervinientes y por haberse consumado su explotación. Cinco de ellos, en tanto, están acusados de ser miembros de una asociación ilícita destinada a la facilitación y promoción de la prostitución.
La fiscalía imputó también la tenencia y distribución de material de índole sexual de menores, a seis de los acusados; la corrupción de menores a otro de ellos; el abuso sexual de una menor de 13 años a dos acusados; y seis hechos de promoción y facilitación a prostitución agravada por ser víctimas menores de edad a dos imputados.
Al fundar la ampliación de las imputaciones, el fiscal general dejó en claro que las nuevas calificaciones adjudicadas a los detenidos surgen de las numerosas evidencias recolectadas, entre ellas los datos extraídos de los teléfonos que ya pudieron ser peritados, los reportes de transferencias bancarias y los informes de las redes sociales.
Consideró que dichas evidencias coinciden con detalles que fueron revelados por las víctimas, respecto a la identificación de cada uno de los implicados, como también de los lugares en que se consumaba la explotación sexual, tales como hoteles alojamientos ubicados sobre la ruta 26, o bien, en las viviendas de algunos de los acusados.
No obstante, la fiscalía sostuvo que aún resta analizar un gran cúmulo de material probatorio que podría develar otros delitos, o bien, identificar a otras personas implicadas en esta red de trata sexual, siendo este uno de los argumentos que fue expuesto para solicitar la ampliación del plazo de investigación, fijado por el juez para el 29 de mayo del 2026.
El otro fundamento expuesto estuvo vinculado a las entrevistas en Cámara Gesell que aún están en proceso, un elemento que fue considerado vital para obtener el testimonio de las víctimas. Según comentó, algunas de ellas hasta expresaron sentirse atemorizadas. En tal sentido, el fiscal general develó que, en determinados casos, se pudo establecer que algunos de los acusados, antes de ser detenidos, amenazaron a las menores para que no sean delatados, situación que llevó a tomar medidas de protección hacia las víctimas.
Operaba desde 2003
La primera denuncia del caso se radicó el 26 de junio del año pasado, cuando la mamá de una de las víctimas se mostró sorprendida por el celular de alta gama que tenía su hija y, al revisarlo, vio mensajes de índole sexual, entre ellos, uno enviado por un remisero actualmente imputado, a través del cual hacía alusión a su otra hija de 12 años.
La denuncia motivó la apertura de una causa penal en la justicia provincial. Sin embargo, tras analizar el contenido del teléfono secuestrado al remisero, el fuero ordinario pidió su incompetencia, bajo la hipótesis de un posible caso de trata de personas. La investigación pasó al ámbito de la Fiscalía de Distrito del MPF a mediados de este año, tras una audiencia en la que se declaró la competencia federal.
Con señalamientos precisos sobre el rol de cada uno de los acusados, la fiscalía describió cómo se había originado la red de trata sexual y cuál era su objetivo principal. "A tal punto era la perversidad de los acusados que descartaban a las adolescentes que avanzaban en edad. Cuando ya cumplía los 18 años, las desechaban”, se puntualizó.
Si bien el fiscal general identificó al remisero como el fundador de esta red, quien recibía dinero por coordinar los servicios sexuales, no fue el único que tenía a su cargo la captación, sino que todos tuvieron parte en ello, ya que es común denominador en las víctimas el indicativo de que los acusados “les pedían que consigan más amigas”.
Aunque la fiscalía delimitó el accionar de esta red desde 2024, en el caso ya surgieron evidencias de hechos que datan de un año antes. Por otro lado, se dejó en claro que las víctimas pertenecen a distintos colegios, tanto públicos como privados y que provienen de distintas clases sociales.
Al adentrarse a los hechos en sí, el fiscal relató que los acusados hacían pedidos sobre los aspectos físicos que supuestamente debían cumplir las adolescentes. En ese sentido, repasó los mensajes donde uno de ellos solicitaba a las víctimas para "llevarlas a una despedida de solteros" mientras que otro "las pedía, los sábados para después de jugar al fútbol". Además, puntualizó en que varios exigían cierto vestuario y prácticas sexuales determinadas, además de forzarlas a ingerir "un cóctel de drogas".
En concreto, el fiscal afirmó que “se acreditó la existencia de un número importante de víctimas niñas, las que quedaron presas de una red que, con distintos fines, le permitía a los imputados explotarlas sexualmente”. Dicha hipótesis fue respaldada por las querellas, la que también resaltaron las evidencias que comprometen a los imputados, como así también se refirieron a la jurisprudencia y tratados internacionales adquiridos por el Estado Argentino, en cuanto a proteger a las menores y combatir el delito de trata de personas.
