En el marco de una auditoría integral sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno nacional aseguró haber detectado que alrededor de 178 mil personas fallecidas figuraban como activas en el sistema del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y continuaban asociadas a la percepción de prestaciones estatales.
El hallazgo surgió tras el cruce de información con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y fue confirmado por fuentes oficiales. Según indicaron, las irregularidades fueron identificadas durante el proceso de revisión iniciado luego de la salida del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, en medio de una fuerte polémica interna.
De acuerdo a lo que trascendió, el interventor de la Andis, Alejandro Vilches, autorizó la baja de los certificados observados una vez corroborada la información con las bases oficiales. En paralelo, en Casa Rosada analizan la posibilidad de judicializar a los responsables, tanto a quienes continuaron percibiendo beneficios como a los prestadores que habrían intervenido en el circuito.
“Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, afirmó a Infobae una fuente con acceso a la investigación, que explicó que ahora se avanza en el cotejo de los datos de los fallecidos con los prestadores asociados a cada caso para determinar eventuales responsabilidades penales.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que acredita oficialmente la condición de discapacidad y habilita el acceso a diversas prestaciones y beneficios. Su otorgamiento está a cargo de una Junta Evaluadora Interdisciplinaria, que determina cada caso en particular.
La auditoría sobre la Andis fue dispuesta el 28 de agosto pasado e incluyó la revisión de contratos, circuitos administrativos y compras, luego de que se conocieran audios atribuidos a Spagnuolo en los que se hablaba de presuntos pedidos de coimas. El exfuncionario presentó posteriormente un informe pericial en la Justicia en el que sostiene que esas grabaciones habrían sido manipuladas con inteligencia artificial.
Desde el entorno del Gobierno reconocen que la revisión del organismo aún no está concluida y que los resultados finales podrían oficializarse hacia el cierre del primer trimestre de 2026. En ese proceso también se detectaron otras inconsistencias, entre ellas un incremento del 27 % en la compra de medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda.
En paralelo, la situación de la Andis se da en un contexto de tensión política por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sobre el cierre del año, el Ejecutivo intentó avanzar con su derogación a través del Presupuesto 2026, pero la iniciativa fue rechazada por la oposición y por sectores aliados. Si bien el tema obtuvo dictamen en el Senado, el Gobierno ahora evalúa prescindir de la derogación y avanzar en una propuesta alternativa con modificaciones al texto vigente.
