Por tratarse de un faltante de fondos públicos provinciales, el fiscal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos comenzó la investigación tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) presentada el 18 de febrero pasado.
La denuncia apunta a posibles infracciones a la ley de financiamiento de partidos políticos y la probable comisión de los delitos de peculado, lavado de activos y asociación ilícita, tras investigaciones preliminares de la procuraduría.
Previo a la denuncia, la Unidad de Información Financiera (UIF) detectó movimientos irregulares en cuentas bancarias de varios municipios de Catamarca, Tucumán y Salta. En el caso de San Carlos, se identificaron extracciones por 125.558.000 pesos entre julio de 2023 y marzo de 2024, sin documentación que justificara los movimientos.
El dinero comprometido pertenecía a fondos provinciales, transferidos por el Tesoro General de la Provincia a través de la Coparticipación Municipal, Regalías Mineras y recursos de la Secretaría de Cultura. Según la Auditoría, algunas transferencias incluso habrían sido enviadas a cuentas personales de los intendentes.
El titular de la Auditoría, Gustavo Ferraris, explicó que la denuncia se presentó debido a la falta de presentación de las cuentas municipales en tiempo y forma, pese a reiterados requerimientos formales. Además, destacó que la investigación preliminar evidenció patrones de extracción irregular de fondos durante la gestión del ex intendente Raúl Vargas y la actual jefa comunal María del Carmen Vargas.
