La medida fue tomada contra Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos junto con su pareja Miguel Silva; también Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra; la lista sigue con Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú.
Arribas les agravó las imputaciones a todos los señalados. A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los acusa de del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediante violencia de género, y por ser criminis causa –tres hechos-.
Mientras que, a Guerrero, Ibáñez y a Ibarra, las tres mujeres, les quitó el agravante de violencia de género y les mantuvo las otras acusaciones de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa –tres hechos-.
En este sentido, al tratarse de acusaciones graves como el narcotráfico y el secuestro, el fiscal solicitó que la causa pase a la Justicia Federal, algo que en las próximas horas se podría definir.
