Así lo informaron fuentes de la causa. El sospechoso fue detenido en Florencio Varela por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
“Se trata del joven contratado por la organización criminal para hacer el pozo. Habría sido quien enterró a las víctimas”, agregaron los voceros consultados.
Su domicilio ya había sido allanado anteanoche, pero el sospechoso no estaba. Durante el procedimiento, una vecina le entregó al personal de la policía bonaerense una pala, un pico y un parlante que el joven le había pedido que le guardara. Anoche fue detenido cuando regresaba a su casa.
A ese inmueble, los investigadores llegaron por la información aportada por un chofer de una aplicación que contó que, al ver en la televisión las imágenes de la casa donde enterraron a las víctimas, recordó que el viernes de la semana pasada había levantado en esa zona a un pasajero con una pala, un pico y un parlante. Y dio la información de la dirección donde llevó al cliente. Para los investigadores es una prueba clara de que el triple crimen tuvo una planificación previa.
Según la información que tienen los investigadores, el pozo donde fueron enterradas las víctimas habría sido hecho la mañana del viernes de la semana pasada.
“Que la organización haya contratado a una persona para cavar el pozo y se haya hecho con antelación al triple crimen indica que hubo una planificación previa”, dijo a LA NACION un investigador.
Ya son seis los detenidos por su presunta vinculación con el triple crimen. El martes pasado, cuando se hizo un procedimiento de urgencia en el domicilio donde, finalmente, fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, se detuvo a cuatro sospechosos. Todos se negaron a declarar cuando fueron indagados.
Además, anteanoche fue atrapado en Villazón, Bolivia, un quinto integrante de la banda, Lázaro Víctor Sotacuro.
Pequeño J, un ciudadano peruano de 20 años, tiene una orden de captura nacional e internacional.
Ahora los detectives judiciales y policiales que participan de la investigación tienen como objetivo ubicar a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido con el apodo de Pequeño J y sindicado como quien ordenó torturar y asesinar a las víctimas.
“Analizado que fuera el requerimiento efectuado por el Ministerio Público Fiscal, la totalidad de las consideraciones allí vertidas y los elementos de convicción acompañados a las presentes actuaciones, surge que existen elementos suficientes e indicios vehementes de la comisión de los delitos de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos“, se sostuvo en la orden de captura nacional e internacional de Valverde Victoriano.
El Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) subió a la base de datos la circular o notificación roja, es decir, una solicitud dirigida a las fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega.
También pesa una orden de captura nacional e internacional sobre Mauricio Ozorio, un joven argentino de 28 años acusado de haber participado del triple crimen. Sería ladero del sanguinario Pequeño J, informaron fuentes del caso.
“Por disposición del doctor Fernando Guevara, juez de Garantías de La Matanza, tengo el agrado de dirigirme a usted en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) dirigida a Matías Agustín Ozorio y otros, en el orden del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”, se afirmó en el oficio enviado a la Subsecretaría de Cooperación con el Poder Judicial Ministerio Público y Legislatura de la cartera conducida por Patricia Bullrich, según la documentación a la que tuvo acceso LA NACION.
Desde el jueves pasado, la investigación del triple homicidio está a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza. El funcionario judicial tiene la colaboración de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza de la policía bonaerense.
