Tras una década y media de inactividad, el Congreso de la Nación comienza a tratar la designación de nuevas autoridades para la Defensoría del Pueblo. El cargo, que se encuentra vacante desde 2009, vuelve al centro del debate legislativo luego de un reciente exhorto de la Corte Suprema de Justicia que instó a los legisladores a ocupar el puesto.
La Defensoría del Pueblo es un organismo autónomo, creado con el objetivo de proteger los derechos humanos y salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos ante actos de la administración pública. Es, además, la única Institución Nacional de Derechos Humanos reconocida por la ONU en Argentina.
Un cargo clave vacante desde 2009
La inactividad de la Defensoría se remonta a 2009, año en que finalizó el mandato de su último titular, Eduardo Mondino. Mondino, de filiación peronista, ocupó el cargo durante un decenio, desde 1999. Lo precedió Jorge Luis Maiorano, el primer Defensor del Pueblo de la historia del organismo, quien ejerció entre 1994 y 1999.
La institución fue formalmente creada en 1993 por una ley del Congreso y adquirió rango constitucional tras la reforma de 1994. Su titular es designado y puede ser removido por el Congreso con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes en cada una de las Cámaras. La duración del mandato es de cinco años.
La prolongada vacancia del puesto, que ha superado los 15 años, generó críticas y reclamos de diversas organizaciones de la sociedad civil, que señalaron la paralización de un organismo fundamental para el control del Estado y la protección de los ciudadanos.
