Aprobaron una reforma que limita los DNUs del Presidente

Desde el PRO hasta el kirchnerismo, pasando por radicales y provincialistas: nuevamente una amplia mayoría acompañó un proyecto opositor, que impone condicionalidades a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo. El Senado tuvo otra jornada de confrontación contra el Gobierno, tras revertir el veto a la emergencia en discapacidad.

La iniciativa fue aprobada en general por 56 votos a favor y 8 en contra (dos abstenciones y seis ausentes). Además de La Libertad Avanza, solo Carmen Álvarez Rivero (PRO) se opuso al cambio. Las alianzas de Casa Rosada con provincias se expresaron de forma exigua: dos abstenciones de Misiones (Arce y Rojas Decut) y ausencias del radicalismo mendocino (Juri y Suárez) y chaqueño (Zimmerman), además de Carolina Losada. Aún resta la media sanción de Diputados para que la propuesta se convierta en ley, en donde no está clara la mayoría con la que cuenta la oposición.

Luego de esta jornada, se cumplen 20 triunfos consecutivos en las posturas opositoras, incluyendo el rechazo a los candidatos oficialistas para la Corte Suprema, el traspié de Ficha Limpia, el aumento jubilatorio, la distribución de ATN, la aprobación de emergencias por discapacidad y salud pediátrica, la ley de financiamiento universitario y el rechazo a cinco decretos. La particularidad en esta ocasión es que la iniciativa no tiene costo fiscal. ¿Será vetado de igual manera? ¿Bajo qué argumento?

El proyecto reforma la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo. Si se aprueba, ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. De esta forma, se promueve que el Poder Legislativo tome una postura activa al respecto de los decretos y no termine convalidándolos por omisión.

Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023, que modificó en simultáneo el régimen de alquileres, las regalías de las tarjetas de crédito, la decisión de obras sociales, una reforma laboral, una alteración de las sociedades anónimas deportivas y la transformación de la ley de tierras.