El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) -integrado por autoridades, docente, no docentes y estudiantes- exigió al gobierno de Javier Milei la promulgación de dos leyes fundamentales: la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. También se pronunció por la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud. Apuntaron que la falta de paritarias en los últimos meses profundizó esta situación y llevó a la UBA a declarar la emergencia salarial en marzo de este año.
En este contexto de crisis, la UBA reclamó al presidente de la Nación que no vete la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, recientemente aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el 22 de agosto. La iniciativa, presentada el 28 de mayo por la casa de estudios junto al Consejo Interuniversitario Nacional, la FUBA y asociaciones sindicales docentes y no docentes, busca garantizar el sostenimiento económico de las universidades nacionales en todo el país.
Entre sus principales medidas, la ley contempla: convocatoria a paritarias para recomponer salarios docentes y no docentes, ajustados por inflación desde diciembre de 2023 (según INDEC); actualización de los fondos para gastos operativos; creación de un fondo para carreras estratégicas; asignación prioritaria de recursos a infraestructura, becas, colegios preuniversitarios y actividades académicas; y el incremento progresivo del financiamiento universitario, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
La resolución recuerda que en 2024 se había aprobado una ley de similares características, que fue vetada por el Ejecutivo, generando una pérdida significativa del poder adquisitivo salarial. La falta de paritarias en los últimos meses profundizó esta situación y llevó a la UBA a declarar la emergencia salarial en marzo de este año.
“La falta de convocatoria a paritaria de los sectores docentes y no docentes en estos últimos meses ha provocado una pérdida del valor real del salario que induce a un vaciamiento del sistema universitario y a una pérdida de la calidad educativa, ante lo cual esta Universidad declaró en marzo de este año la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”, apuntaron.
