La resolución pone fin a una continuidad ininterrumpida de 51 años: desde Alemania 1974 el canal estatal había participado en la transmisión de la Copa del Mundo, aunque en 1970 la primera transmisión televisiva del Mundial en el país había sido realizada por un medio privado. En algunas ediciones la Televisión Pública fue el único canal que transmitió el torneo; en otras, como en 2022, accedió solo a una parte de los partidos. En 1998, además, su señal no alcanzó a cubrir todo el territorio por limitaciones de autorización.
El Gobierno aclaró que aún tiene tiempo hasta diciembre para revertir la decisión si lo considera oportuno. La medida se enmarca en una política de recortes en las erogaciones del Estado nacional y se suma a otras modificaciones recientes en los acuerdos de la emisora estatal: este año la Televisión Pública no transmitió el encuentro entre Argentina y Chile por las Eliminatorias de septiembre, por no haber llegado a un acuerdo con Torneos y Telefé. Asimismo, la emisora podría ser objeto de una auditoría en los próximos meses.
Como antecedente, la participación estatal en el Mundial de Qatar 2022 implicó desembolsos cercanos a 10 millones de dólares más los costos operativos por el traslado de una veintena de periodistas y técnicos a casi 14.000 kilómetros de distancia. A pesar de esos gastos, el balance de aquella edición fue positivo para el canal, que registró ingresos por publicidad equivalentes a 12 millones de dólares al tipo de cambio oficial. No obstante, generó polémica que cerca del 20% de esos ingresos provinieron de publicidad de fondos provinciales y de organismos o empresas públicas.
La decisión de no comprar los derechos para 2026 abre interrogantes sobre el acceso universal del público argentino al Mundial y sobre la estrategia comunicacional y presupuestaria del Estado de cara a los grandes eventos deportivos internacionales. Hasta diciembre el Gobierno puede reconsiderar, pero por ahora la cadena iniciada hace más de medio siglo por la Televisión Pública quedará interrumpida.
Desde la Casa Rosada sostienen que el criterio fue puramente económico. “No vamos a gastar siete millones de dólares en fútbol”, señalaron fuentes oficiales, en referencia al valor de los derechos. Aunque existe plazo hasta diciembre para reconsiderar, todo indica que la determinación está tomada.
