El Gobierno argentino presentó un escrito este martes 1 de julio pidiéndole a la jueza de Nueva York Loretta Preska que suspenda el fallo por la expropiación de YPF hasta que la Cámara revisora decida sobre la cuestión de fondo. Junto a esta medida se está armando una apelación que se presentaría a mediados de mes, mientras se niega cualquier negociación, presente o futura, con los fondos Burford y Eton Park.
Fuentes cercanas a la Casa Rosada aseguraron que este caso también le preocupa al gobierno de Donald Trump, porque la Justicia de su país está cuestionando a un aliado fundamental en la región, como Javier Milei.
El pedido de suspensión es la primera acción del Estado argentino luego de que la magistrada estadounidense le ordenara que entregue, en un plazo de 14 días, el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio realizado por la expropiación de la petrolera. La jueza determinó esta forma de pago por la sentencia contra nuestro país en primera instancia de 16.100 millones de dólares más intereses establecida en 2023.
La defensa argentina presentó un escrito de 4 páginas, donde se argumenta que Preska se excedió en su jurisdicción y no hay posibilidades de realizar la expropiación de las acciones porque están registradas en la Caja de Valores. Luego agregaron que cualquier decisión relacionada con la expropiación de YPF deberá pasar por el Congreso de la Nación y conseguir una aprobación con dos tercios de los votos (un hecho que también mencionó Axel Kicillof en la conferencia de prensa que dio este martes).
“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, fue una de las frases de los abogados para señalar que, si los fondos extranjeros toman el control de la petrolera y deciden venderla, le generarían un daño inmenso a la Argentina. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, expresaron los letrados argentinos en su presentación, remarcando que hay 23.000 puestos de trabajo en juego, en referencia a los empleados de YPF.
El monto es otro de los puntos que se está discutiendo. En el Gobierno creen que puede ser “mucho menor” a los 16.100 millones de dólares establecidos por Preska, dependiendo si se toma al tipo de cambio de pesos a dólares de cuando se realizó la expropiación (2012), o cuando se determinó la ejecución (2023), así como el precio de las acciones en cada uno de esos años.
Ahora se espera la decisión de la jueza frente al pedido de suspensión. Mientras tanto, las partes tendrán, desde el instante en que se les corra vista del escrito, tres días hábiles para contestar. Luego, la Argentina dispondrá de un tiempo adicional para responder lo que hayan dicho los referentes legales de los fondos.
