Fue gracias a un acuerdo de conciliación calificado por las partes como una "salida superadora". El caso se inició en noviembre de 2023 con una inspección fiscalizadora en una finca de la localidad de Joaquín V. González, donde una cuadrilla de trabajadores hacía tareas de desmonte. Ninguno tenía ropa ni herramientas adecuadas, dormían hacinados en una casilla y parte del pago, les era descontado en concepto de alimentos.
INTERIOR23 de junio de 2025 El Expreso de Salta
Diez trabajadores rurales del sur de Salta que en noviembre de 2023 eran explotados laboralmente recibieron un millón y medio de pesos cada uno en concepto de reparación de daños, el marco de un acuerdo de conciliación gestionado por el fiscal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.
El acuerdo -cuyos pagos ya fueron cancelados por el imputado- fue homologado el 5 de mayo pasado por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio. Y del mismo, además, participaron el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, y la defensa oficial, en representación del imputado Ángel Gustavo Enríquez.
El caso
En la presentación del acuerdo de conciliación, uno de los institutos legales contemplados en el Código Procesal Penal Federal (CPPF) para resolver los conflictos penales, el fiscal repaso que el hecho surgió de un operativo de inspección llevado a cabo el 9 de noviembre del 2023 en el sur de la provincia.
El mismo se realizó en la finca “Suri Blanco”, ubicada en la localidad de Joaquín V. González, por personal de la División de Fiscalización de Seguridad Social de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Víctima, dependiente del gobierno provincial.
Al llegar al lugar, los inspectores descubrieron a una decena de trabajadores rurales que realizaban tareas de desmonte. Además del alambrado perimetral, encontraron una casilla, tipo tráiler, con cuchetas y precarias condiciones de trabajo.
Por su parte, los obreros revelaron que fueron contratados para tales tareas por Enríquez. En cuanto a las condiciones laborales, expresaron que no les fue proporcionada ropa adecuada ni tampoco herramientas, por lo que utilizaban sus propios picos, palas, hachas y machetes.
Tampoco se constató provisión de agua potable segura, ni condiciones de higiene apropiadas. Ante cualquier emergencia, los trabajadores informaron que tenían la orden de comunicarse con Enríquez, a fin de ser trasladados hasta Joaquín V. González.
El contratante, según agregaron, era también el encargado de buscarlos desde la localidad vecina de Las Lajitas para llevarlos a la finca, donde permanecían por 15 días, cuando los iba a buscar para su retorno.
Asimismo, explicaron que el pago acordado por la tarea de desmonte era de 100.000 pesos por quincena, con un descuento de 30.000 pesos en concepto de alimentos, los que eran provisto por el mismo hombre que los trasladaba a la finca.
En vista de la situación de precariedad halladas y lo revelado por los obreros, es que intervino el Gabinete de Asistencia a la Víctima, en tanto, que la fiscalía inició las actuaciones preliminares del caso.
Por otro lado, dijo que “no se convierte al sistema penal en un sistema de cobro de pesos, lo que se evita a través de una investigación diligente, como la que llevó adelante el MPF junto a esta defensoría y la participación de la defensa del imputado”.
Reconoció el rol de la fiscalía en la persecución penal, pues en caso de avanzar se podría llegar a una condena. No obstante, se cumplió con el principio de objetividad y el ahorro de la violencia estatal, a través del acuerdo arribado.
Por último, dejó en claro que las víctimas fueron informadas en forma detallada de los términos de la conciliación, incluso se labró un acta de cada una en las que quedó expresado su consentimiento.
La defensa del imputado también adhirió al pedido de homologación del acuerdo, el que destacó por su “razonabilidad” y “proporcionalidad”.
Dado el marco de armonía de las partes, el juez Bavio homologó el acuerdo en los términos presentados. En sus fundamentos, resaltó la gestión de las partes a fin de conducir la resolución del conflicto a través de la una salida que tuvo en cuenta los requisitos de “armonía” promovidos por el nuevo código procesal.
El fiscal Toranzos formalizó la imputación penal contra el empleador el 5 de noviembre del 2024, por trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado, en grado de autor, delito que prevé una pena de entre 4 y 8 años de prisión.
El procedimiento se realizó ayer en calle Intendente Breacheri en el marco de un patrullaje preventivo. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.
El Tribunal de Juicio de Orán condenó a Ángel Gabriel Canchi a la pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio simple, en relación con la muerte de Gonzalo Florindo Ibarra, ocurrida en abril de 2023 en la localidad de Isla de Cañas.
El hecho se produjo en noviembre pasado, cuando el acusado, acompañado por otra persona, le arrebató la motocicleta a un trabajador.
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Más de 150 Policías participaron del megaoperativo realizado ayer con 16 allanamientos y la desarticulación de una organización criminal que cometía abigeatos en el Valle de Lerma. El trabajo fue supervisado por el jefe de Policía, Diego Bustos, y el fiscal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante.
María tiene 63 años, lleva casi tres décadas luchando contra una enfermedad terminal y quiere la eutanasia. Desde hace 7 años vive postrada en una cama, sin posibilidad de moverse ni realizar actividades básicas. El dolor, según contó, es permanente y se desplaza por todo su cuerpo. “Si no lo tenés en la pierna, lo tenés en el hombro, en la cabeza, en los huesos. Está en todos lados”, describió.
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El delantero de París Saint-Germain fue elegido como el mejor jugador de la temporada, mientras que Donnarumma se consagró como el mejor arquero. Santiago Montiel se quedó con el Puskás.
El “Calamar” y el “Pincha” disputarán este sábado el último título del año.
Raúl Córdoba sostuvo que las condenas a personas que provocan siniestros viales fatales son un debate pendiente en la Legislatura provincial.