Diez trabajadores rurales del sur de Salta que en noviembre de 2023 eran explotados laboralmente recibieron un millón y medio de pesos cada uno en concepto de reparación de daños, el marco de un acuerdo de conciliación gestionado por el fiscal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.
El acuerdo -cuyos pagos ya fueron cancelados por el imputado- fue homologado el 5 de mayo pasado por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio. Y del mismo, además, participaron el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, y la defensa oficial, en representación del imputado Ángel Gustavo Enríquez.
El caso
En la presentación del acuerdo de conciliación, uno de los institutos legales contemplados en el Código Procesal Penal Federal (CPPF) para resolver los conflictos penales, el fiscal repaso que el hecho surgió de un operativo de inspección llevado a cabo el 9 de noviembre del 2023 en el sur de la provincia.
El mismo se realizó en la finca “Suri Blanco”, ubicada en la localidad de Joaquín V. González, por personal de la División de Fiscalización de Seguridad Social de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Víctima, dependiente del gobierno provincial.
Al llegar al lugar, los inspectores descubrieron a una decena de trabajadores rurales que realizaban tareas de desmonte. Además del alambrado perimetral, encontraron una casilla, tipo tráiler, con cuchetas y precarias condiciones de trabajo.
Por su parte, los obreros revelaron que fueron contratados para tales tareas por Enríquez. En cuanto a las condiciones laborales, expresaron que no les fue proporcionada ropa adecuada ni tampoco herramientas, por lo que utilizaban sus propios picos, palas, hachas y machetes.
Tampoco se constató provisión de agua potable segura, ni condiciones de higiene apropiadas. Ante cualquier emergencia, los trabajadores informaron que tenían la orden de comunicarse con Enríquez, a fin de ser trasladados hasta Joaquín V. González.
El contratante, según agregaron, era también el encargado de buscarlos desde la localidad vecina de Las Lajitas para llevarlos a la finca, donde permanecían por 15 días, cuando los iba a buscar para su retorno.
Asimismo, explicaron que el pago acordado por la tarea de desmonte era de 100.000 pesos por quincena, con un descuento de 30.000 pesos en concepto de alimentos, los que eran provisto por el mismo hombre que los trasladaba a la finca.
En vista de la situación de precariedad halladas y lo revelado por los obreros, es que intervino el Gabinete de Asistencia a la Víctima, en tanto, que la fiscalía inició las actuaciones preliminares del caso.
Por otro lado, dijo que “no se convierte al sistema penal en un sistema de cobro de pesos, lo que se evita a través de una investigación diligente, como la que llevó adelante el MPF junto a esta defensoría y la participación de la defensa del imputado”.
Reconoció el rol de la fiscalía en la persecución penal, pues en caso de avanzar se podría llegar a una condena. No obstante, se cumplió con el principio de objetividad y el ahorro de la violencia estatal, a través del acuerdo arribado.
Por último, dejó en claro que las víctimas fueron informadas en forma detallada de los términos de la conciliación, incluso se labró un acta de cada una en las que quedó expresado su consentimiento.
La defensa del imputado también adhirió al pedido de homologación del acuerdo, el que destacó por su “razonabilidad” y “proporcionalidad”.
Dado el marco de armonía de las partes, el juez Bavio homologó el acuerdo en los términos presentados. En sus fundamentos, resaltó la gestión de las partes a fin de conducir la resolución del conflicto a través de la una salida que tuvo en cuenta los requisitos de “armonía” promovidos por el nuevo código procesal.
El fiscal Toranzos formalizó la imputación penal contra el empleador el 5 de noviembre del 2024, por trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado, en grado de autor, delito que prevé una pena de entre 4 y 8 años de prisión.
