La medida impacta sobre asignaciones, planes y otros haberes, e influye en la estructura de programas y beneficios sociales que dependen de parámetros oficiales.
NACIONALES19 de junio de 2025 El Expreso de Salta
El Gobierno nacional oficializó el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), estableciendo un nuevo valor de $317.800 a partir del 1° de julio. Esta decisión, publicada en la Resolución 5/2025 del Boletín Oficial, formó parte de un cronograma de aumentos progresivos iniciado anteriormente, en un contexto en el que no se logró acuerdo en el Consejo del Salario entre los actores empresariales, sindicales y el Ejecutivo.
La normativa vigente estableció un mecanismo de actualización escalonada, con incrementos distribuidos en cinco tramos que comenzaron en abril y concluirán en agosto de 2025. Según el esquema oficial, el salario mínimo arribará a $322.000 en ese mes, completando así el ciclo de subas estipuladas. Este monto representa el nuevo piso legal para los trabajadores con sueldos más bajos dentro del sector formal, aunque también arrastra efectos sobre un amplio abanico de políticas públicas, prestaciones sociales y parámetros previsionales.
Entre los efectos inmediatos, el ajuste repercutió en los haberes de los jubilados que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según la legislación vigente, quienes se jubilaron sin recurrir a moratorias reciben un haber equivalente al 82% del salario mínimo. No obstante, este mecanismo solo activa un pago adicional cuando el salario mínimo supera el haber jubilatorio mínimo vigente, hecho que no se dio con los valores actuales.
El ajuste del salario mínimo también influyó en la prestación por desempleo. Este beneficio se calcula en base a la mejor remuneración neta de los últimos seis meses laborales y toma como tope un rango fijado entre el 50% y el 100% del SMVM. El monto de la prestación se modificó automáticamente ante cada aumento del piso salarial, permitiendo un reajuste directo para quienes transitaban situaciones de desempleo formalmente reconocidas y cumplían con los requisitos legales.
A esto se sumó el impacto del nuevo salario mínimo sobre las Becas Progresar, orientadas a jóvenes en formación. El acceso a estas becas depende de un umbral de ingreso familiar, establecido en tres veces el SMVM, de modo que la actualización rediseñó el universo potencial de beneficiarios.
Las asignaciones familiares y otros planes sociales también tomaron como referencia el salario mínimo para la definición de sus propios valores y criterios de acceso. Por ejemplo, las condiciones para recibir determinadas ayudas sociales incluyeron, como parámetro excluyente, no superar cierto múltiplo del SMVM como ingreso familiar. La modificación a partir de julio redefinió los valores de corte y provocó un ajuste en el grupo de destinatarios elegibles.
Especialistas en derecho del trabajo señalaron que, pese a la actualización oficial, el salario mínimo mantuvo un poder de compra reducido ante la canasta básica total, que según datos del INDEC superó los $850.000 en mayo de 2025 para una familia tipo. Esto significó que el nuevo monto del SMVM apenas cubrió el 37% de los gastos básicos requeridos para no caer bajo la línea de pobreza. La brecha entre el salario mínimo y la canasta básica reflejó una tendencia de deterioro progresivo durante los últimos años, cuestionando la efectividad del incremento a la hora de proteger el ingreso real de los trabajadores más desprotegidos.
Lista de valores previstos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en 2025:
Desde el 1° de abril de 2025:
Mensualizados: $302.600
Por hora: $1.513
Desde el 1° de mayo de 2025:
Mensualizados: $308.200
Por hora: $1.541
Desde el 1° de junio de 2025:
Mensualizados: $313.400
Por hora: $1.567
Desde el 1° de julio de 2025:
Mensualizados: $317.800
Por hora: $1.589
Desde el 1° de agosto de 2025:
Mensualizados: $322.000
Por hora: $1.610
En paralelo, el gobierno de Javier Milei mantuvo en suspenso la actualización de varias prestaciones sociales, en línea con su estrategia de ajuste fiscal y control del gasto público. Esto incluyó diferentes programas que dependen parcialmente de actualizaciones automáticas vinculadas a la evolución del salario mínimo. Organizaciones sindicales y sociales manifestaron preocupaciones y reclamaron un reajuste integral, expresando que el monto "no cubre ni lo mínimo indispensable" para la subsistencia.
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