Impitaron provisionalmente a una inspectora de obra de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, a dos socios de una empresa dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil y al representante técnico de la misma, como coautores de los delitos de falsedad ideológica de documento público en concurso ideal con fraude a la administración pública (seis hechos), y en concurso real.
Además, la inspectora, los hermanos propietarios de la empresa constructora y el representante de la misma fueron imputados por falsedad ideológica de documento público en otros hechos. Asimismo, un exsecretario Legal y Técnico del municipio fue imputado provisionalmente por encubrimiento por omisión de denuncia, en calidad de autor. Durante las audiencias, éste decidió ejercer su propia defensa, mientras que los demás imputados estuvieron asistidos por abogados particulares.
Un exsubsecretario de Obras Públicas y otra inspectora de obras del municipio solicitaron una prórroga de la audiencia, por lo que fueron citados a una nueva instancia en la que se les leerá el decreto de imputación y podrán optar por declarar.
La intervención de la Unidad de Delitos Económicos inició con la denuncia radicada por el Procurador General de la Municipalidad de Salta, quien aseguró que a fines de 2023 detectaron un expediente que revelaba posibles irregularidades en obras públicas, con pagos por trabajos no realizados. Según manifestó, el entonces subsecretario de Obras Públicas habría ordenado certificar avances de obra que no se correspondían con el estado real de ejecución, con el fin de adelantar pagos y así iniciar obras complementarias sin cumplir con los procedimientos legales exigidos, como la aprobación de pliegos o la contratación formal.
La maniobra, de acuerdo con el escrito, se justificó en la urgencia por avanzar con intervenciones “emblemáticas”, como la remodelación de la Plaza 9 de Julio.
De acuerdo con lo investigado por personal de UDEC, los imputados habrían actuado en conjunto pero con distintos roles: los socios como responsables de la empresa constructora; un empleado, como su representante técnico; dos empleadas municipales, como inspectoras de obra; y un funcionario, como subsecretario de Obras Públicas.
Para los investigadores, se habrían confeccionado informes con certificados de avance de obra que contenían datos falsos, declarando un avance mayor al real. Estos documentos, firmados por las inspectoras y el representante técnico, habrían servido para justificar la emisión de facturas por trabajos no ejecutados. Posteriormente, el Subsecretario habría elevado estos informes a su superior con el objetivo de ordenar el pago correspondiente a la empresa, lo que generó un perjuicio económico para el municipio. Esta maniobra se habría repetido en al menos seis expedientes distintos de obras públicas.
En cuanto al delito de falsedad ideológica en instrumentos públicos, desde UDEC consideran que los imputados, en sus respectivos roles, podrían haber confeccionado informes y certificados de avance de obra con declaraciones falsas, señalando un porcentaje de avance mayor al real.
En cuanto al exsecretario Legal y Técnico, la fiscal de UDEC consideró que podría haber tenido conocimiento del expediente donde se verificaban las irregularidades entre el avance real y el certificado de obras públicas.
