Estos talleres protegidos, gestionados por organizaciones sociales —muchas de ellas creadas por familias de personas con discapacidad—, surgieron como respuesta a la escasa inclusión laboral en el mercado formal. De los 263 talleres activos, unos 186 se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Allí se desarrollan actividades productivas variadas, desde panaderías como Dignidad Chivilcoy, hasta plantas de reciclado como la de Necochea, donde 45 trabajadores con discapacidad separan residuos y reaprovechan materiales, u otro taller doden se realiza serigrafia, bolsas de residuos y lavandería.
Legalmente, el trabajo en estos talleres está regulado por dos instrumentos. El primero es la Ley 26.816 de “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad”, sancionada en 2012, que establece una asignación mensual no remunerativa equivalente al 40% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Actualmente, ese monto debería rondar los 117.800 pesos. Sin embargo, la ley nunca fue reglamentada y solo se cumple uno de sus artículos: el que permite jubilarse anticipadamente a los 45 años tras 20 de servicio.
El segundo instrumento es el Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos, creado en 2006, que continúa vigente. Este programa otorga una contraprestación económica (el peculio) de 28.000 pesos, y debería además financiar personal de apoyo y equipamiento para los talleres, cosa que no ocurre. A esto se suma el grave retraso: los pagos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril aún no se han realizado.
Durante una sesión informativa en el Congreso, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció la deuda y aseguró que los cuatro pagos pendientes se abonarán junto con el de mayo. Sin embargo, no se brindaron fechas concretas ni se anunció ninguna actualización del monto del peculio.
Mientras tanto, miles de personas con discapacidad siguen trabajando con compromiso, esperando respuestas del Estado y el cumplimiento de sus derechos.
