En medio del debate sobre la posible eliminación de la figura de femicidio del Código Penal y la derogación de la Ley Micaela, la Corte Suprema de la Nación reveló cifras alarmantes: los casos de violencia de género aumentaron un 8% en enero de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior.
Según un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), durante la feria judicial de verano se atendió a 1761 personas en situación de violencia. El equipo médico constató lesiones en 211 víctimas, de las cuales el 80% eran mujeres. Además, 26 casos requirieron derivaciones de urgencia a hospitales.
La OVD, que opera las 24 horas todos los días del año, recibió un promedio de 55 personas por día en sus oficinas de la Ciudad de Buenos Aires. Del total de presentaciones, 915 fueron denuncias formales, mientras que 736 correspondieron a consultas informativas y 110 a consultas telefónicas. La mayoría de las víctimas eran mujeres adultas (60%), seguidas por niñas, niños y adolescentes (27%).
El informe también destaca que en el 47% de los casos, la persona denunciada era la pareja o expareja de la víctima, mientras que un 33% eran familiares directos. En el 96% de los hechos registrados se identificó violencia psicológica, seguida de violencia física (48%), simbólica (44%), ambiental (34%), económica (26%) y sexual (7%).
El equipo médico constató que el 27% de las víctimas se encontraba en una situación de altísimo o alto riesgo. Como medida de protección, se entregaron 81 botones antipánico y se dictaron 3482 medidas preventivas urgentes, entre ellas, prohibiciones de acercamiento y de contacto con la víctima.
Mientras los datos evidencian una problemática creciente, el Gobierno avanza en la elaboración de un proyecto que busca derogar la Ley Micaela, el cupo laboral para personas trans y la figura de femicidio. Desde la Casa Rosada sostienen que “no resiste ningún análisis que el Estado tenga que hacer excepciones y darle un trato especial a un grupo particular”.
El proyecto es impulsado por la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, bajo la supervisión de Santiago Caputo. Desde el Ejecutivo afirman que se eliminarán todas las normas que impliquen “discriminación positiva”, en línea con la postura del presidente Javier Milei, quien rechaza la promoción de políticas de género. Entre los cambios más polémicos, se plantea eliminar la Ley 26.791, que tipifica el femicidio como agravante del homicidio, con el argumento de que “no hay ninguna diferencia entre el homicidio de un hombre o de una mujer”.
