Con el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, el gobierno de Milei eliminó programas cruciales como el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), Procrear, Casa Propia y Fonavi. Estos programas ayudaban a la clase media y sectores populares a acceder a viviendas propias. Según datos de gremios, la desaparición de estos programas tendrá un impacto en 170.000 empleos directos en la construcción y 400.000 indirectos. A esto se suman las 15.000 viviendas terminadas que no podrán ser entregadas, dejando a miles de familias en la espera de un futuro incierto.
Además del impacto laboral, el cierre de la Secretaría y la paralización de las obras afectarán gravemente a más de 21.000 industrias vinculadas al sector de la construcción, como ferreterías y comercios de materiales. El gobierno justifica la medida señalando que la financiación de la vivienda debe quedar en manos de la banca privada, lo que deja en el aire el acceso a la vivienda para miles de argentinos, dado que el sector privado prioriza la rentabilidad en lugar de la necesidad social.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la presentación de un amparo colectivo para frenar la eliminación de la Secretaría. A su vez, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) habían calificado positivamente varios de los programas de vivienda ahora cancelados, que mejoraban el acceso a servicios básicos en comunidades vulnerables.
El impacto de las decisiones del gobierno también se refleja en las cifras del sector. Según el último informe del CEPA, la construcción perdió 66.000 puestos de trabajo desde que Milei asumió la presidencia. Además, el índice Construya, que mide la venta de insumos, marcó una caída del 27,2% en 2024 debido a la paralización de la obra pública y el aumento de los costos de materiales.
