"Me imputan por decir que el secretario de Seguridad de Gustavo Sáenz está vinculado con el narcotráfico"

El diputado nacional Emiliano Estrada cuestionó al Gobierno de Salta por pretender frenar el narcotráfico colocando un cerco en Aguas Blancas, mientras que en la provincia el Ministerio Público Fiscal sigue sin investigar los vínculos del crimen organizado con el exsecretario de Seguridad, Benjamín Cruz.  

Fue este jueves en el recinto, al plantear una cuestión de privilegio contra el Procurador Pedro García Castiella y la fiscal especializada en Ciberdelitos, Sofía Cornejo, a quienes acusó de perseguirlo políticamente por hablar de la corrupción de los funcionarios salteños: "lo que nadie se anima a decir", afirmó.

El legislador se refirería puntualmente a la imputación que pesa sobre él y sus exempleados del Congreso por el delito de "intimidación pública", a raiz de la difusión de contenidos en perfiles anónimos de la red TikTok. En ese sentido afirmó que lo que supuestamente mandó a decir por redes sociales es lo mismo que dice en el recinto y en la cara a todos: "que el secretario de seguridad de Gustavo Sáenz está vinculado con el narcotráfico".

"Tiene requerimiento de juicio. Están las filmaciones del jefe de una banda delictiva hablando con el operador de este tipo (por Benjamín Cruz). Está en los chats, está el juicio. ¿Dónde está ese operador? Enterrado con cinco balazos en la cabeza porque lo mataron los sicarios", señaló.

Recordemos que Cruz fue apartado del Ministerio de Seguridad de Salta en junio de 2022, cuando se supo que unos días antes había facilitado el ingreso de su asesor Darío Monges al penal de Orán para negociar beneficios con un detenido. La irregularidad le valió el cargo pero no un inmediato procesamiento judicial y mucho menos una investigación profunda.

Su asesor político fue acribillado tres meses más tarde de la negociación con el sicario preso. En cambio Cruz se ubicó inmediatamente en un alto cargo en la Municipalidad de Salta, bajo la gestión de Bettina Romero, quien luego lo propuso para ser juez del Tribunal de Cuentas, cargo que asumió con el aval de concejales de distintas fuerzas políticas. 

"Después se rasgan las vestiduras en Santa Fe, en el conurbano. La cocaína en la Argentina entra por Salta, no entra por otro lado. Y esto se tapa a fuerza de pauta (publicitaria para medios oficialistas) y a fuerza de persecución política", aseguró Estrada.

La relación de García Castiella con Sáenz:

En su discurso, el diputado nacional trajo a colación que el Procurador de Salta era el encargado de la Oficina Anticorrupción en la época en la que Saenz era intendente capitalino. En el momento en que lo decía, levantaba un artículo de la Revista Noticias titulado "Corrupción en Salta: el escándalo de más de 500 millones que apuntan al intendente", una causa que duerme en los cajones de los tribunales salteños. 

"Si quieren que hablemos de banda delictiva o de posibilidades de asociación ilícita, aquí esta foto se la resume", dijo levantando la imagen del Gobernador junto al Procurador y la Fiscal de Ciberdelincuencia.

García Castiella adelantó que contestará los dichos de Estrada en una conferencia de prensa que posiblemente convoque para el lunes.

Se sumó otro imputado por publicaciones de TikTok 
 
Mientras tanto, en la Fiscalía de Ciberdelincuencia avanza la investigación por la presunta comisión del delito de intimidación pública. La fiscal Cornejo informó que se imputó a una quinta persona, Federico Mena Saravia, quien sería "autor mediato del delito de intimidación pública".

"El decreto de imputación se emitió el pasado 29 de enero y fue notificado el día 30. Al encontrarse de viaje en Estados Unidos, el imputado se presentó a través de un abogado particular y la audiencia de imputación se concretará a su regreso al país, después del 15 de marzo", indicó mediante un parte de prensa.

Mena Saravia es un empresario vinculado a los medios de comunicación y emprendimientos vitivinícolas en la provincia de Salta y el exterior y su imputación se produce a partir del rumbo que tomó la investigación con la recepción de testimonios obtenidos durante la investigación y otras medidas, de donde surgiría su participación en los hechos investigados.

La Fiscal puntualizó que la causa se inició sin tener personas físicas identificadas en primera instancia, y del avance producido, se imputó inicialmente a dos personas, en forma posterior a otras dos y finalmente a una quinta, que surgieron de las tareas investigativas y quienes estarían involucradas en la comisión del delito que se investiga.