La Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes realizó un amparo judicial para que el Gobierno otorgue la medicación correspondiente a menores que padecen enfermedades de alta complejidad -incluidos tratamientos oncológicos- debido a que la entrega fue interrumpida tras semanas de asumir la nueva gestión.
En declaraciones a Splendid AM 990, la titular de la institución Marisa Graham, confirmó dicha acción legal y manifestó que, lo que exigen desde la institución que respalda los derechos de las infancias, es que se cumpla la ley vigente.
"Hicimos un amparo judicial donde reclamamos la entrega de medicamentos de enfermedades de alta complejidad que el Gobierno dejó de proveer", indicó Graham.
Asimismo, señaló que desde el oficialismo apelaron este amparo, que fue presentado el 2 de enero en el Juzgado Federal N°2, y que no es más que "una medida cautelar a favor de niñas, niños y adolescentes que requieren medicamentos especiales de alto costo", incluidos los tratamientos oncológicos.
Según la Defensora, el amparo obliga al Estado Nacional “a resolver en un plazo de 10 días los expedientes administrativos que lleven 60 días de demora en su respuesta” y exige “adecuar todos los expedientes en trámite en el plazo de 20 días”.
Esta acción fue promovida por la Asociación Civil Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) y Graham.
"Esta es una vulneración de los derechos de los niños y adolescentes. Lo único que pedimos es que se cumpla lo que dicta la ley", concluyó la titular del organismo.
El freno a la entrega de medicación oncológica, tanto en adultos como en niños, sucedió a raíz de que la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, a días de asumir su cargo, denunció supuestas irregularidades sobre la forma de comprar los medicamentos por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). La Justicia desestimó en dos ocasiones esa denuncia.
Luego de esa decisión, a pesar de las siete muertes de pacientes oncológicos por falta de medicación, los reclamos de asociaciones civiles y los fallos judiciales, el Gobierno dejó a las personas que padecen esas enfermedades y otras más complejas sin atención y en peligro.
