La Justicia le ordenó al Gobierno cesar el desfinanciamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Justicia, a raíz de una solicitud presentada por diversas organizaciones sociales y ONGs. El juez Enrique Alonso Regueira dictó una medida cautelar para que el Ministerio se abstenga de reducir los recursos humanos e infraestructura de la Subsecretaría.
El fallo exige al Gobierno no modificar ni recortar los programas vinculados a la protección de mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. A pesar de que el Ejecutivo impugnó la resolución, hasta el momento no ha proporcionado evidencia suficiente que demuestre cómo se garantizará la continuidad de estos servicios, que son clave para la protección de los derechos de las víctimas de violencia de género.
En su resolución, el juez destacó que el Ministerio no ha presentado documentación que respalde su afirmación de que la reorganización de los programas cumplirá con los requisitos establecidos por la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Según el magistrado, la falta de claridad sobre cómo se están asegurando los derechos de las víctimas es incompatible con el principio de progresividad en la legislación argentina, que garantiza el cumplimiento de los derechos humanos en todo el país.
El Ejecutivo, por su parte, ha negado el cierre de la Subsecretaría y de los 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), aunque no ha demostrado cómo se sostendrán las infraestructuras ni los recursos necesarios para que los programas sigan funcionando. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, que analizará el recurso presentado por el Gobierno, tiene la última palabra en este proceso.
