Por el momento, son sólo dos las víctimas del cura Aguilera

El responsable del crimen, ocurrido en el barrio Hernando de Lerma durante un intento de robo, recibió una sentencia de cumplimiento efectivo tras reconocer su culpabilidad en un proceso de juicio abreviado.

El trayecto de norte a sur, los 1.300 kilómetros que separan la frontera con Bolivia del centro porteño, se volvió una postal recurrente del narcotráfico. Pero lo que debía ser un viaje más, en la madrugada del viernes, derivó en un episodio que conjuga todos los elementos del género: una denuncia de asalto, una camioneta baleada, 70 kilos de cocaína ocultos bajo la chapa y dos mujeres de perfiles opuestos —una médica con vínculos con Gendarmería y una empresaria de Tartagal— detenidas por la Justicia Federal.

Según se estableció, la mujer que estuvo con Sosa, Cufré, Osorio y Bobadilla dio su consentimiento.   

Eran aproximadamente las 14:40 del sábado cuando la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 4308 en Colalao del Valle, se convirtió en el escenario de una tragedia provocada por la camioneta perseguida por otra de Gendarmería, y que dejó como resultado a dos hombres muertos y un tercero herido. En el vehículo viajaban un total de cinco hombres que iban a jugar un torneo en Santa María. El operativo fue muy criticado por que no respetó ningún protocolo de seguridad. Los cuerpos de las víctimas llegaban anoche a Cafayate en un contexto de dolor, indignación y exigencia de justicia.

La Municipalidad de Orán, a través de la Oficina de Empleo que coordina el Dr. Alejandro González, continúa fortaleciendo las políticas de inclusión laboral mediante la implementación del programa nacional Promover Igualdad de Oportunidades, una iniciativa destinada a generar espacios de capacitación y acceso al empleo para personas con discapacidad.

El profesional fue aprehendido elste miércoles por orden de los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena. Está investigado por una presunta maniobra fraudulenta en la venta de lotes en la zona de Atocha, donde las víctimas pagaron hasta 8 millones de pesos por terrenos no aptos para habitar.