Según los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que la extensión de esta emergencia durante 18 años generó «inseguridad jurídica», afectó el derecho de propiedad de legítimos dueños y obstaculizó el dominio provincial sobre recursos naturales. Además, señalaron que la suspensión de desalojos dificultó actividades productivas y recreativas, agravando los conflictos territoriales.
El decreto busca posicionar la propiedad privada como «pilar principal» para atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico. También propone resolver de manera urgente los conflictos generados por la prolongada emergencia, con el objetivo de proteger los derechos de los propietarios desplazados y garantizar la soberanía nacional sobre los territorios.
La medida incluye:
El fin inmediato de la emergencia dispuesta por la Ley 26.160 y sus prórrogas.
La suspensión de desalojos contemplada en el marco normativo anterior.
La solicitud a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para que evalúe el dictamen correspondiente.
Impacto en comunidades indígenas y sectores productivos
El cambio en la política estatal hacia las comunidades indígenas marca un giro significativo en la gestión del territorio. Mientras que el Gobierno resalta el beneficio para sectores productivos y propietarios, críticos de la medida advierten sobre posibles efectos negativos en las comunidades originarias, quienes enfrentan una histórica vulnerabilidad respecto del acceso a la tierra y al territorio.
Desde organismos defensores de derechos indígenas, anticiparon movilizaciones y acciones judiciales para frenar la implementación del decreto, calificando la medida como un retroceso en el reconocimiento de sus derechos.
