El juez ordenó que Kueider y su secretaria cumplan arresto domiciliario en Asunción y podrían quedarse seis meses
Los dos van a quedar bajo custodia policial en un departamento de Asunción. Tuvieron que pagar una fianza de 300 mil dólares.
Tras varios días de protagonizar una verdadero escándalo político y familiar, el ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presentó hoy viernes su renuncia. En tanto, es investigado por excesiva designación de empleados y también por la compra de armas taser a una empresa de su hermano, que con la renuncian quedarían postergadas.
NACIONALES04 de octubre de 2024Según un twitter publicado por el jefe del Gobierno porteño, Jorge Macri, Roberto García Moritán decidió "dar un paso al costado para preservar a su familia". Sin embargo, es de público conocimiento que la figura del también llamado "pampito" por su matrimonio con la modelo Pampita, se vio obligado a renunciar porque el escándalo familiar lo dejó demasiado expuesto para que se hablen no solamente de la causa por designaciones de empleados en su cartera, sino también por una causa judicial que se tramite en el juzgado a cargo de la juez Romilda Servini de Cubría, y que tiene que ver con la compra de armas "no letales" que serían importadas por una empresa de la que uno de los propietarios es uno de sus hermanos. Esta causa por incompatibilidad de funciones y estaba en mano del polémico fiscal Carlos Stornelli, muy vinculado al macrismo.
Pero, en realidad, García Moritán se puso en el ojo de la tormenta cuando se conoció un supuesto escándalo por infidebilidad que le costó la separación de su esposa Pampita Hardonian, y la inmediata expulsión de su domicilio. Esta especia de doble vida, del hasta hace unas horas, funcionario porteño, fueron determinante, por el desgaste que le estaba provocando al gobierno porteño y nacional.
Moritán había prometido derrumbar el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, molesto por la imagen de Evita que hace años ocupa un lugar importante de visibilidad sobre Avenida 9 de Julio.
Los dos van a quedar bajo custodia policial en un departamento de Asunción. Tuvieron que pagar una fianza de 300 mil dólares.
El Ejecutivo hizo la convocatoria para que el Congreso sesione desde hoy hasta el 31 de enero con una lista de temas que complementan el DNU de ajuste publicado la semana pasada.
El dinero fue incautado en medio de un control de rutina realizado en la Triple Frontera. El legislador quedó en libertad a la espera de ser convocado a declarar por el fiscal del caso.
La medida fue anunciada esta semana por el Gobierno y generó fuerte rechazo por parte de distintos sectores de la oposición. El encuentro será meramente informativo ya que finalizó el período de sesiones ordinarias.
El vocero presidencial adelantó el plan oficial. En educación apunta a estudiantes universitarios extranjeros no residentes. En el caso de la salud dependerá de cada municipio.
La cifra será asignada a quienes puedan brindar “datos útiles, precisos y concretos para identificar a los miembros de la organización criminal”.
El allanamiento estuvo a cargo de la Dirección General de Ciberseguridad y se concretó el martes. La investigación inició a raíz de tres denuncias sobre la sustracción de imágenes con contenido íntimo y distribución en Internet.
Estará desde el lunes 9 hasta el miércoles 11 de diciembre, en el horario de 9.30 a 13 en el Centro Integrador Comunitario ubicado en la calle M. Estrada. Este viernes 6 se darán los turnos en el mismo lugar.
Se desarrollan las instancias finales en el juicio por el crimen con tintes mafiosos del asesor político acribillado en 2022, por el cual están imputados amigos de la víctima: Roberto Catalino, Santiago y David Bejarano.
La expresidenta de la Nación, continúa interiorizándose de la situación del peronismo en las provincias del interior. El jueves fue el turno de Salta, para cual había convocado a la actual consejera del PJ salteño, Soledad Troyano, y a la senadora nacional Nora Giménez.
Walter Wayar se refirió a la media sanción que dio la Cámara de Senadores para que la provincia implemente los jurados populares, de la cual solo falta la promulgación del Ejecutivo.