Conviene refrescarles a dichos funcionarios que en el acto de asumir como tales juraron por la Constitución Nacional Argentina, la cual fue violada reiteradamente por los genocidas visitados, quienes asaltaron el gobierno nacional sin someterse a ningún elección popular, secuestrando y torturando a todos sus opositores, robándoles los bebés y apropiándose de sus bienes, en definitiva violando todos los artículos del código penal.
Las condenas recibidas por los genocidas fueron revisadas por múltiples jueces de todas las instancias y jurisdicciones, por lo cual resulta desopilante que casi 50 años después de un largo camino recorrido en la Justicia se atrevan a subestimar a la sociedad poniendo en duda la legitimidad de dichas sentencias, muchas de ellas
incluso, dictadas también por organismos y tribunales internacionales y países como Francia, España, entre otros, ya que en el mundo rige la imprescriptibilidad únicamente para los delitos cometidos contra civiles desde aparatos estatales o paraestatales.
Los pocos genocidas detenidos, ya que muchos fueron beneficiados por la prisión domiciliaria, tuvieron sus derechos garantizados en todas sus instancias, incluso una defensa gratuita, pese a que muchos contaban con los recursos necesarios para contratar a un abogado, además del acceso a todas las instancias judiciales, por lo cual
el motivo de la visita realizada por los legisladores a los genocidas resulta clara, y va en contra de los intereses del pueblo, además de generar responsabilidad del estado argentino a la comunidad internacional.
En definitiva, lo que deberían hacer, en su afán de copiarle a los países del primer mundo, es sancionar una ley que condene con prisión efectiva la apología del genocidio, como lo hace Alemania y otros países más.
Partido Memoria y Movilización Social – Salta; Movimiento Libres del Sur – Salta; Partido Justicialista de Salta; partido F.E.L.I.C.I.D.A.D.; Partido del Trabajo y la Equidad - Salta.
