El Defensor del Pueblo pidió ante la IGJN frenar las ejecuciones prendarias de auto ahorros por el efecto inflacionario

Núñez Burgos pidió la urgente intervención de la Inspección General de Justicia de la Nación para frenarlas. Dijo que las ejecuciones rozan lo arbitrario. Crecieron porque muchos ya no pueden afrontar el pago de cuotas subidas por la inflación.

DE BUENA FUENTE 05 de junio de 2024
nuñez burgos 4

La situación de los suscriptores de planes de ahorro automotor es otro tema que tiene al Defensor del Pueblo de Salta, Federico Núñez Burgos, ocupado. En De Buena Fuente, afirmó que los planes de ahorro han tenido en enorme incremento, a la par de la inflación, que ha llevado la situación a cuotas muy altas, y hasta impagables.

Para el Defensor del Pueblo, el suscriptor termina pagando o endeudado por un auto como si fuera un 0 Km cuando ya tiene un año de uso en la calle.

En este sentido, señaló que “se están llevando adelante las ejecuciones de las prendas”, es decir de los autos, debido a que los suscriptores no pueden seguir pagando las cuotas del auto que adquirieron mediante este sistema.

“Para nosotros es gravísimo. Además, está llevando adelante de una manera bastante arbitraria y se están poniendo en riesgo muchos otros bienes que no son los autos”, dijo.

En este sentido, adelantó que “estamos en contacto con la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJN), porque entendemos que es urgente su intervención”.

Núñez Burgos pidió que la IGJN frene “las ejecuciones prendarias porque el efecto inflacionario es devastador sobre los ahorristas o sobre los suscriptores de los planes; y para darle transparencia y claridad a los contratos”. 

Núñez Burgos señaló que desde la Defensoría trabaja para mejorar la situación de los ahorristas. 

Además, dijo que le está pidiendo al organismo nacional “que le exija a las automotrices que fijen sedes en las lugares donde firman contratos” y que quede “escrito en defensa del suscriptor que es la parte más débil. Digamos dónde se van a llevar los trámites administrativos, dónde los cobros judiciales. Y para eso tienen que estar radicadas en Salta”.

También le solicitó que esta cuestión entre particulares se incorpore a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. “La gravedad que ha generado este modelo de suscripciones tiene que estar controlado por las defensorías del consumidor”, añadió.

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