Se hizo pública la denuncia de la concejal Patricia Segovia (Evolución Radical) quien con documentación probabatoria dio a conocer un faltante de casi un millón de pesos en la primera caja de gastos correspondiente a los meses de diciembre del 2023 a marzo de 2024 del Concejo Deliberante de Orán.
INTERIOR 29 de mayo de 2024 El Expreso de SaltaEn el Concejo Deliberante de la Ciudad de Orán nuevamente salió a flote un nuevo hecho de supuesta corrupción o irregularidad. En este sentido, se dio a conocer una documentación que respalda la denuncia de una concejal pertenece al bloque político de Evolución Radical.
Se trata de la denunciante Patricia Segovia quien ventiló una irregularidad en caja chica del cuerpo y puso otra vez en la cuerda floja a la presidenta del cuerpo Alejandra Pato (UCR). La denuncia fue presentada en la Fiscalía N° 2 que recibió copia del expediente contable.
“Cuando recibí la información me puse a cotejar los ingresos y egresos exclusivamente de sueldos de la primera caja presentada por la presidenta”, sostuvo Segovia en la misiva administrativa y judicial.
“Mi sorpresa fue grande cuando encontré un faltante de casi un millón de pesos”, agregó. Cabe destacar que la malversación rondaría el 10% del total administrado hasta ese momento.
A raíz de esta denuncia y ante la falta de capacidad de respuesta por parte de los ediles acusados, la concejal Choque de la línea de Pato, presento un proyecto de Resolución para expulsar a Segovia y silenciar la denuncia que ahora avergüenza al bloque UCR bajo la dirección de Carlos Manzur.
En esta maniobra, de corte inquisidor, cuestionan a Segovia por razones “éticas” ya que denunciar a su mismo bloque político de un hecho de corrupción y eso lo consideran una ”traición”.
Acusan a Segovia de supuesta difamación en los medios de comunicación. Esa sentencia no la pueden establecer los concejales sino la justicia ordina mediante una demanda legal que nadie se anima hacer por lo ridículo de los argumentos ya que es obligación de un legislador opinar y atender sobre el manejo de la cosa pública.
Una nueva organización de la Agencia de la Juventud de la Provincia busca contar con una gran concurrencia para para reflexionar, discutir, compartir experiencias, plantear necesidades y ser escuchados, así como generar cultura y conductas preventivas.
La Delegación de Asuntos Indígenas gestionó la logística de traslado, alimentación y hospedaje a comerciantes de 13 municipios de Orán, San Martín y Rivadavia. Habrán puestos de ventas de artesanías en chagua, semillas y hojas de palma; artículos de marroquinería, indumentaria, muebles en quebracho; cosméticos naturales y productos gastronómicos.
Durante siete días, el camión oncológico recorrió los municipios de Urundel, Pichanal, Colonia Santa Rosa e Hipólito Yrigoyen.
Los legisladores de la provincia coincidieron en señalar la importancia de consensuar puntos de encuentro para defender los intereses de los salteños para el pacto de Güemes que será presentado a Nación próximamente.
Entre los aparatos se incluye un ecógrafo, electrocardiógrafo, tensiómetros, aires acondicionados, balanzas portátiles y neumáticos. Los bienes fueron donados por el empresario Santiago Brito y por el diputado provincial Marcelo Paz.
El Ministerio de Educación realiza junto a directivos y docentes del interior provincial encuentros para tratar temáticas vinculadas a mejorar la calidad educativa y la carrera docente. El primer encuentro tuvo lugar en Tartagal.
Según el abogado de la familia de la víctima, Dr. Agustín López, habría sólidos indicios de que Leiseca, un hombre con antecedentes policiales, fue el autor de la certera puñalada que terminó con la vida del joven Ignacio Alejandro Quipildor (22) padre de una nena. El hecho ocurrió el pasado 16 de juliio. Angel Francisco Leiseca fue detenido. La familia pide que se haga justicia y que el autor tenga la condena que se merece, dijo el papá de la víctima, Enrique Quipildor.
Enrique Quipildor estuvo en la Ciudad Judicial reclamando justicia para el crimen de su hijo Ignacio, y de paso contó que en su barrio se vende droga, "lo denunciamos, sin embargo las autoridades no hacen nada", denunció. Además, pidió que el asesino de su hijo pague lo que tenga que pagar en la cárcel.
Se trata del barrio Ampliación Santa Ana II, donde varias familias compraron a Conciel, banco del Noroeste y banco Caseros, que se fueron a la quiebra y ahora los quieren desalojar.
Karina Miranda visitó el programa De Buena Fuente y dijo que el Vicegobernador Antonio Marocco declaró en medios de comunicación que el proyecto de expropiación “no fue tomado con seriedad porque fue un año político”.
El gobierno vetó la Ley de Expropiación que fue aprobado en el 2023 y ahora vecinos del barrio Ampliación Santa Ana II exigen que la provincia expropie y después pagarle al IPV como decía el proyecto.