El subsecretario de Seguridad y Educación Vial de la Municipalidad de Salta, Raúl Córdoba, remarcó que el 2022 hubo 151 víctimas fatales por accidentes viales, y este año, aun faltando transitar diciembre, Salta ya superó esta estadística, ya que sumó 157 muertes. Advirtió que noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo son los meses duros en seguridad vial.
DE BUENA FUENTE 01 de diciembre de 2023 El Expreso de Salta
El subsecretario de Seguridad y Educación Vial, Raúl Córdoba, estuvo en el programa De Buena Fuente y se refirió a las estadísticas por accidentes.
El funcionario municipal lamentó la falta de conciencia y afirmó: “Ya son 157 víctimas fatales en la provincia” y remarcó que “este año ha superado en los mismos meses inclusive, ya que nos falta todavía el mes de diciembre para llegar al fin de año”, en vistas a que en 2022 hubo 151 víctimas fatales en todo el año.
“Ahora son seis muertes más que el año pasado y todavía nos quedan casi 30 días para cerrar el año; nos falta Navidad, año nuevo, que es la peor época”, aseveró. “Noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo son estadísticamente los peores meses que puede tener cualquier provincia con respecto la seguridad vial”, sentenció Córdoba.
Entre la gran variedad de cursos, el centro cultural dictará un taller sobre improvisación frente a cámara, a cargo de Nico Stefanazzi, director de actores y no actores. Está dirigido a actores, teatreros, cineastas, y quienes quieran tener una noción de lo que es actuar frente a cámara.
La ex legisladora nacional dijo que hay sectores muy grandes de la población que “hoy no tienen para comer”. “Hay hambre” dijo para fundamentar la razón de las protestas de defensa de la economía popular, único sustento de miles de salteños. Habrá jornadas de protestas en toda la semana.
Afirmó en De Buena Fuente que el diario de la familia Romero “desde hace un mes hace campaña donde no dicen una parte de la verdad y eso es media mentira”. Afirmó que El Tribuno hace campaña contra Sáenz. Y calificó que "el sesgo informativo es como una censura".
El dirigente sanitario dijo que conoce personas que están en riesgo laboral, y otro que votaron a Milei que perdieron sus trabajos. Se solidarizó con los trabajadores despedidos y llamó “a prepararse y decir basta”.
La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria, recordó en el programa de Marcela Jesús, que hubo un caso muy complicado en Tartagal. Indicó que se trataba del “prostíbulo donde hubo un caso de trata de persona” manifestó.
La diputada nacional hasta hace unos meses, dijo que la Ley Bases de Milei no va a refundar la Argentina sino que “la va a refundir”. Cuestionó su política privatizadora de empresas de servicios clave del país y los aumentos en servicios indispensables como la energía eléctrica.
Según el abogado de la familia de la víctima, Dr. Agustín López, habría sólidos indicios de que Leiseca, un hombre con antecedentes policiales, fue el autor de la certera puñalada que terminó con la vida del joven Ignacio Alejandro Quipildor (22) padre de una nena. El hecho ocurrió el pasado 16 de juliio. Angel Francisco Leiseca fue detenido. La familia pide que se haga justicia y que el autor tenga la condena que se merece, dijo el papá de la víctima, Enrique Quipildor.
Enrique Quipildor estuvo en la Ciudad Judicial reclamando justicia para el crimen de su hijo Ignacio, y de paso contó que en su barrio se vende droga, "lo denunciamos, sin embargo las autoridades no hacen nada", denunció. Además, pidió que el asesino de su hijo pague lo que tenga que pagar en la cárcel.
Se trata del barrio Ampliación Santa Ana II, donde varias familias compraron a Conciel, banco del Noroeste y banco Caseros, que se fueron a la quiebra y ahora los quieren desalojar.
Karina Miranda visitó el programa De Buena Fuente y dijo que el Vicegobernador Antonio Marocco declaró en medios de comunicación que el proyecto de expropiación “no fue tomado con seriedad porque fue un año político”.
El gobierno vetó la Ley de Expropiación que fue aprobado en el 2023 y ahora vecinos del barrio Ampliación Santa Ana II exigen que la provincia expropie y después pagarle al IPV como decía el proyecto.