Lucas Godoy advirtió que las mineras deberían explicar cómo realizan las declaraciones juradas, sobre las que se perciben luego las regalías y defendió la importancia de declarar el litio como recurso estratégico. Aseguró que Alberto Castillo, presidente de REMSa y precandidato a diputado nacional de JxC "debería explicar cómo controla a las mineras".
DE BUENA FUENTE 09 de agosto de 2023 El Expreso de Salta
El diputado nacional Lucas Godoy, precandidato en la lista de Unión por la Patria, estuvo en el programa De Buena Fuente y se refirió a la minería.
“Las empresas mineras y el sector minero de las de las provincias tienen que dar explicaciones de cómo hacen un control respecto a la declaración jurada o si hacen algún control”, advirtió sobre el mecanismo a través del cuál se perciben las regalías mineras, es decir, en base a lo que declaran las empresas mineras y no sobre las facturaciones de éstas.
En este sentido, afirmó que “hay un candidato de Juntos por el Cambio que anda por todas partes hablando de minería, tendría que explicar también este cómo controlan las declaraciones juradas”, dijo en referencia a Alberto Castillo, presidente de REMSa y postulante a diputado nacional en la lista que encabeza Inés Liendo.
“Escuché que decían que ellos controlaban. Bueno, que expliquen bien cómo controlan. Me acuerdo porque se indignaron cuando yo presenté un proyecto respecto del litio y su declaración como recurso estratégico”, recordó Godoy, quien defendió su propuesta y a modo de ejemplo, aseguró que el petróleo ya es un recurso estratégico, lo que con el descubrimiento del yacimiento Vaca Muerta, permitió la intervención del estado a través de una empresa estatal. El diputado remarcó que declarar como recurso estratégico no implica la nacionalización.
La secretaria de la Comisión de la Mujer cuestionó la caída del nivel de la política actual tanto a nivel nacional como en Salta. Dijo que esa debacle comenzó con Menem en los noventa. Y cuestionó que usen una sesión para “hablar de una actividad privada”.
El senador por el departamento Los Andes aseguró que en la Puna, ya muchos empiezan a desencantarse con el presidente. Resaltó como ejemplo la gran asimetría que viven los pobladores de la Puna.
El abogado y titular de uno de los Registros del Automotor de Salta, Luis Diego Zavaleta, afirmó en De Buena Fuente, la decisión del Gobierno nacional de cerrar gran parte de los registros está firme porque el DNU 70 sigue vigente, aunque expresó que ve la medida “todavía en una nebulosa”.
El ex presidente de la Cámara baja salteña, dijo que ni la Ley Bases ni el RIGI benefician a Salta, una idea contraria a la de Sáenz y sus diputados nacionales. Alertó sobre el peligro del extractivismo citando el caso de Andalgalá. Y dijo que el litio “no es eterno, se acaba y el problema es qué dejan”.
Lara Gros celebró la tarea del Gobierno nacional en ordenar la economía y bajar la inflación para dar previsibilidad. Pero advirtió que “se empiezan a encender luces de alarma con respecto a la actividad económica” y el incremento de la pobreza.
El titular de la cartera de Economía destacó que las cuentas de la Administración Sáenz están ordenadas, a pesar de que a nivel nacional ve “una economía con incertidumbre”. Destacó la reducción de la deuda y haber logrado tener en marcha 2.114 obras en más de cuatro años de gestión.
Según el abogado de la familia de la víctima, Dr. Agustín López, habría sólidos indicios de que Leiseca, un hombre con antecedentes policiales, fue el autor de la certera puñalada que terminó con la vida del joven Ignacio Alejandro Quipildor (22) padre de una nena. El hecho ocurrió el pasado 16 de juliio. Angel Francisco Leiseca fue detenido. La familia pide que se haga justicia y que el autor tenga la condena que se merece, dijo el papá de la víctima, Enrique Quipildor.
Enrique Quipildor estuvo en la Ciudad Judicial reclamando justicia para el crimen de su hijo Ignacio, y de paso contó que en su barrio se vende droga, "lo denunciamos, sin embargo las autoridades no hacen nada", denunció. Además, pidió que el asesino de su hijo pague lo que tenga que pagar en la cárcel.
Se trata del barrio Ampliación Santa Ana II, donde varias familias compraron a Conciel, banco del Noroeste y banco Caseros, que se fueron a la quiebra y ahora los quieren desalojar.
Karina Miranda visitó el programa De Buena Fuente y dijo que el Vicegobernador Antonio Marocco declaró en medios de comunicación que el proyecto de expropiación “no fue tomado con seriedad porque fue un año político”.
El gobierno vetó la Ley de Expropiación que fue aprobado en el 2023 y ahora vecinos del barrio Ampliación Santa Ana II exigen que la provincia expropie y después pagarle al IPV como decía el proyecto.