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Salta incumple derechos fundamentales de las personas en cárceles y comisarías

El Comité Nacional de Prevención de la Tortura publicó días atrás el informe del monitoreo realizado en comisarías y cárceles de la provincia de Salta, donde constató graves situaciones violatorias de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La inspección se realizó en setiembre del año pasado, y fue comunicado al gobierno oportunamente, y estos días se autorizó la publicación del mismo, al que accedió El Expreso de Salta, y cuyos puntos se detallan a continuación.

SALTA 13 de julio de 2023
Carcel salteña según el Comité Nacional
El Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) visitó, en setiembre del año pasado, lugares de privación de libertad en la provincia de Salta, incluyendo cárceles de varones y de mujeres, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes en conflicto con la ley penal y hospitales de salud mental. El informe de esta inspección fue remitido de forma reservada a las autoridades provinciales que ahora, tras cumplirse la normativa que regula al organismo, adquirió carácter público. En el mismo se revelan "múltiples situaciones violatorias de los derechos fundamentales de las personas detenidas, que fueron constatadas durante la visita de inspección realizada entre el 26 y el 30 de septiembre pasado".
 
Un problema central es la detención prolongada de personas en comisarías y alcaidías, espacios por naturaleza solo destinados a alojamientos transitorios. Al momento de la visita, 747 personas estaban detenidas en estos establecimientos, durante extensos períodos de tiempo y en condiciones paupérrimas de hacinamiento, falta de acceso a la alimentación, condiciones de higiene y servicios médicos adecuados.
 
En varias comisarías visitadas, el hacinamiento se vio agravado por condiciones estructurales-edilicias deficientes, que implican serios riesgos para las personas alojadas, así como la carencia de salidas de emergencia suficientes que eviten desenlaces fatales en casos de emergencias y/o urgencias.
 
Además, en las comisarías se advirtió en general la presencia de personas durmiendo en espacios comunes (como galerías o pasillos de acceso o tránsito) en condiciones paupérrimas, con colchones tirados en el suelo y en una situación de absoluta falta de higiene.
 
Tanto en comisarías como en alcaidías penitenciarias, la proporción de personas procesadas es superior al 80%, lo que denota una utilización excesiva de la prisión preventiva y la ausencia de aplicación de alternativas por parte de las autoridades judiciales y del Ministerio Público. Esta circunstancia, indudablemente, lleva al perpetuamiento de las deficiencias estructurales y edilicias constatadas y a la profundización de las severas condiciones de hacinamiento y vulneración de derechos.
 
"En las alcaidías visitadas, igual que en las comisarías, las instalaciones sanitarias se hallaron en pésimas condiciones e insuficientes para la cantidad de personas alojadas. La carencia de espacios de recreación apropiados provoca además el mantenimiento de prolongados períodos de encierro diario con escaso tiempo para la recreación (en muchos casos, tan solo una hora al día) que resultan compatibles con tratos crueles, inhumanos y degradantes".
 
En cuanto al trato, en varias alcaidías se relevó información sobre la aplicación de medidas disciplinarias tales como sanciones de aislamiento, aplicadas de manera directa por la Dirección del establecimiento respectivo y sin garantizar el debido proceso sancionatorio ni la posibilidad de impugnar la medida.
 
Se encontró asimismo una preocupante carencia de acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo servicios de salud mental y terapia y acompañamiento psicológico, lo cual se ve agravado por la falta de acceso a servicios de telefonía y el carácter restrictivo de las visitas semanales, en algunos casos de apenas 15 minutos dos veces por semana y a través de un vidriado.
 
En los espacios penitenciarios propiamente dichos, se advirtió una falta de adecuación a los “Estándares mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de detención en establecimientos penitenciarios” elaborados por el CNPT conforme a los estándares internacionales en la materia (Resolución CNPT 16/2021). Además, se encontró un uso excesivo del aislamiento como sanción, pero asimismo como medida para la “protección” de personas en situación de vulnerabilidad o con pedido de resguardo. "El uso generalizado del aislamiento en solitario representa en sí misma una situación violatoria de los derechos humanos y aumenta el riesgo de hechos de tortura, suicidios y autolesiones".
El CNPT recabó, además, "testimonios de graves hechos de tortura y malos tratos. Los casos que han sido denunciados y judicializados, en términos generales, permanecen sin resolución, lo cual a juicio del CNPT desincentiva la denuncia y envía un mensaje favorable a la perpetuación de estos hechos".
 
En los centros de detención de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal se advirtió la realización de requisas y revisiones humillantes que son violatorias de los derechos humanos de las infancias, así como la falta de acceso a atención médica adecuada y la deficiente o nula capacitación del personal de salud en el examen y documentación adecuada de la tortura y los malos tratos, en línea con el Protocolo de Estambul.
 
"En materia de Salud Mental, urge la puesta en funcionamiento de la Ley Provincial N°8.323 que crea el Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) y fue sancionada en 2022 pero aún no se encuentra reglamentada. El CNPT solicita reforzar las acciones impulsadas para la adecuación a la nueva ley", precisa el CNPT y destaca la conformación puesta en funcionamiento y participación activa del Mecanismo Local en la provincia.
"Preocupan a este Comité -continúa- los serios problemas presupuestarios que debe enfrentar e insta al Gobierno provincial a dotar del presupuesto suficiente para el pleno ejercicio de sus funciones. Actualmente, el Mecanismo se encuentra realizando gestiones ante las autoridades provinciales para solicitar la ampliación del presupuesto, las cuales el CNPT acompaña desde sus inicios".
 
Sobre la base de estos hallazgos, que colocan a la provincia en una situación de incumplimiento de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, el CNPT realizó una serie de recomendaciones dirigidas a paliar las situaciones constatadas y efectúa un seguimiento de las medidas adoptadas por el estado provincial a tal fin.
 
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26.827, este informe tomó carácter público esta semana y puede encontrarse en la página web del CNPT. Oportunamente se realizará una visita de seguimiento para comprobar el avance efectivo de las recomendaciones realizadas”, informó el Comité.

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