Lago Escondido: Aparecieron las imágenes del viajecito de jueces, fiscales junto a funcionarios porteños y directivos de Clarin

Imágenes que confirman la repudiable vinculación de jueces y fiscales federales con funcionarios porteños del macrismo y el CEO de Clarin, Jorge Rendo, aparecieron hoy, y que hacen indesmentible las sospechas de que allí existió el delito de “admisión de dádivas” y de la influencia del poderoso grupo mediático en los magistrados de Comodoro Py. La vinculación con el caso Vialidad: Un juez viajero ordenó el juicio, otro podría definir la apelación y uno de sus hijos intervino como fiscal. Otros dos favorecieron a Clarín, que pagó la "escapada".

NACIONALES 07 de diciembre de 2022 Oscar Burgos
Jueces recibidos por Jorge Rendo en Bariloche
Jorge Rendo, CEO de Clarin, a los abrazos con los jueces en el aeropuerto de Bariloche.
“Muchachos. Todo eso funciona, sino aparecemos Pablo (Casey Magnetto) y yo. Si aparecemos parece que hay que buscar otra solución. Yo creo que hay que parar un poco la pelota, ver qué sale mañana, hacer evaluación de daños y ahí recién tomar una decisión. Por ahora, silencio de radio”. La previsión del CEO de Clarin, Jorge Rendo, en los chats del escándalo no pudo evitarse y hoy se conocieron las fotografías que lo muestran a los abrazos en el aeropuerto de Bariloche, con Julián Ercolini, juez federal; Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2; Pablo Cayssials, titular del juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso; Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Marcelo D’ Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Este último había salido a denunciar que todo se trataba de un invento del kirchnerismo por salvar a Cristina Fernández de la sentencia por la causa Vialidad. Hoy, embarrado en un escándalo sin precedentes, guarda silencio. El jefe de Gobierno de CABA y precandidato presidencial por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta también buscó minimizar el caso y cuestionó al kirchnerismo.
Los chats por Telegram son una muestra de las mañas y los artilugios de los jueces y directivos para fraguar pruebas, o para ocultar una realidad, que hoy quedó totalmente al desnudo. El hecho pone en tela de juicio la institucionalidad judicial y confirma las sospechas y desconfianza de la opinión pública en quienes deben administrar justicia. Y para colmo de los opositores y odiadores de la vicepresidenta, confirma sus denuncias de lawfare y “mafia judicial”. Y deja en off side a aquellos que, apenas conocida la información, descreyeron de la misma al considerarla una operación para salvar a la vicepresidenta de la anticipada sentencia judicial.
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Así llegaban los jueces y funcionarios porteños a Bariloche.
DENUNCIA
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas", contra los funcionarios judiciales y en contra de los funcionarios de CABA y directivos del grupo mediático de Clarin.
El Gobierno nacional denunció este miércoles al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, a cuatro jueces federales y a un CEO del grupo Clarín, por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas" y, entre otras pruebas, solicitó que se ordene la entrega de celulares de todos los implicados, por la estadía en una propiedad del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, en octubre pasado.
Según se informó oficialmente, la denuncia fue presentada por el ministro de Justicia, Martín Soria, ante la fiscalía federal de Bariloche y en base a instrucciones del presidente Alberto Fernández, tal como lo había adelantado el jefe de Estado al hablar en cadena nacional el lunes pasado.
 Jueces y Jorge Rendo
Rendo confirma la vinculación con los jueces. ¿Se puede confiar en este tipo de magistrados?
IMPUTADOS
De manera paralela, la fiscal federal interina de esa ciudad María Cándida Etchepare, (de quien el procurador porteño Mahiques dice que “la mina que se mostró accesible” su pedido, imputó a todos los involucrados en una causa penal por ese viaje y estadía, en base a una denuncia que presentó el abogado Marcelo Hertzriken Velasco el 24 de octubre pasado, según el dictamen al que tuvo acceso Télam.
Etchepare dispuso medidas previas y advirtió que "llama la atención" que las facturas que se le presentaron por el viaje fueron pagadas "al contado" el "mismo día del vuelo", el 13 de octubre pasado.
En cuanto a la estadía en la estancia de Lewis, declaró como testigo su administrador y entregó facturas de pago del alojamiento que, para la fiscalía, "evidencian una clara discordancia" entre la fecha de emisión, 28 de octubre y la del alojamiento, entre el 13 y 15 de ese mes.
Al declarar como testigo, el administrador de la propiedad de Lewis omitió mencionar que los directivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey, estuvieron presentes en dicho encuentro.
Además, en el dictamen que presentó a la jueza de esa ciudad Silvina Domínguez, la fiscal remarcó que al declarar como testigo, Nicolás Van Ditmar aludió siempre a los ocho pasajeros del vuelo privado que fue a esperar al aeropuerto de Bariloche.
En esa declaración, omitió mencionar que se sumaron otros dos, los directivos del grupo Clarín, llegados en un vuelo comercial de manera casi simultánea y respecto de quienes "no se emitió factura alguna", en relación a Jorge Rendo y Pablo Casey.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y, particularmente, lo relacionado a su financiamiento".
En la denuncia se pidieron medidas de prueba, entre ellas "la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos".
Hace algunos meses, una investigación periodística de El Destape reveló la constancia de vuelo que mostraba la nómina de los hoy denunciados y, el fin de semana último, el diario Tiempo Argentino develó el contenido de un grupo de chat en el que los acusados intercambiaban estrategias para contener la denuncia y dar una versión construida de las características de ese viaje.
 
PROTAGONISTAS
Denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas
• Julián Ercolini, juez federal
• Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal
• Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2
• Pablo Cayssials, titular del juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso
• Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Marcelo D’ Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires
 
Acusados por el ofrecimiento de dádivas
• Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín
• Nicolás Van Ditmar, el administrador del inmueble en el que se habría desarrollado el encuentro
• Leonardo Bergroth, el exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado
• Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política
 Pablo Casey Magnetto directivo de Clarin y sobrino del propietario
Pablo Casey Magnetto, directivo de Clarin que también recibió a los jueces en Bariloche. 
DÁDIVAS
En la denuncia se busca que se investiguen hechos que tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde el aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.
"Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas", señala el comunicado difundido por la Presidencia de la Nación.
Ya en territorio patagónico y "según la información que tomó estado público", la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.
El escrito plantea que, "en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas".
Esto daría lugar "a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción".
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