Una mujer denunció que Carla Cordero, Directora de Asuntos la Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Tartagal, le retiene $10 mil pesos del programa nacional Acompañar, al que ingresó por ser víctima de violencia de género. Al tomar trascedencia mediática, se sumaron otros testimonios de mujeres que también fueron "coimeadas". El caso ya fue presentado ante la justicia federal. Por el momento, solo silencio del intendente Mario Mimessi.
POLÍTICA 20 de noviembre de 2022 El Expreso de Salta
Nuevamente, los planes sociales en el centro de la escena y cuestionados por el modo en que llegan a sus beneficiarios, sectores de alta vulnerabilidad, como lo son las víctimas de violencia de género. En este caso, la denuncia tuvo lugar en la municipalidad de Tartagal, que tiene como intendente al radical Mario Mimessi y expone como responsable de los ilícitos a la directora de su gobierno, responsable de la Oficina de Asuntos de la Mujer y la Diversidad, Carla Cordero.
"Me hice anota en el programa Acompañar, fui con mis papeles a la oficina de la Terminal y me dijeron que no había cupos. Ahí me dijeron que Silvina Frías me iba a anotar en su casa, fui, y me dijeron que en tres meses iba a salir. Un día me llama Silvina y me dice que ya tenía la plata", fue el relato anónimo de una mujer que compartió en los medios su situación, y emitido en el noticiero local Activa2.
La señora compartió que ya son dos meses en que le llamó la atención que en ambas oportunidades, la llamaron para hacerle saber que su dinero ya estaba depositado y además, le exigieron que entregue un porcentaje del depósito económico estatal.
"El primer mes eran 49 mil pesos los que saqué, y ella -Silvina Frías- me llamó y me dijo que Carla Cordero es la encargada de la oficina del programa Acompaññar. Llevan un control ambas, saben las fechas en que cobramos y me dijo que tenía que darle 10 mil pesos y se lo dí a Sivina. El segundo mes me dijo que tenía la plata depositada y ya me soprendio que me llame cada vez que cobre. Ahí cobramos 51 mil pesos y tuve que entregarle en su casa 12 mil pesos. Cuando entré, vi que varias había pagado y había otras chicas que pasaban a pagar", fue el relato de la tartagalense.
Seguidamente, la mujer se contactó con otras beneficiarias del mismo plan, donde constantó que el pedido de estos montos por partes de Cordero eran optativos y no a todas las pedían una parte del ingreso. AsÍ también se contactó con ANSES para averiguar sobre el procedimiento, "y me dijeron que nadie tiene que sacarme un peso", sentenció.
La denuncia rápidamente tomó trascendencia pública y otros relatos similares se sumaron al expuesto, sin embargo hasta el momento Mimessi no emitió palabra, ni se tomó una decisión sobre el cargo en el que se desempeña Cordero, que aseguran que es parte del ala dura de su gobierno. Por su parte, aunque la funcionaria desmintió la denuncia, circulan chats y audios de WhastApp donde se comprueba que se cita a las beneficiarias para que dejen su aporte.
En este sentido, el concejal opositor Nicolás Arce, -quien hace unos meses ya había elevado un pedido de informe para saber lo que ocurría en la dirección municipal, solicitud que fue rechazada por sus pares- presentó una citación a la responsable de Asuntos de la Mujer y Diversidades para que explique lo ocurrido. El caso ya fue presentado en la Justicia Federal en el Escuadrón 52 de Tartagal (Gendarmería Nacional) por Nicolás Arce, Ernesto Restom y Elva del Milagro Rodas.
Victoria Villarruel se encuentra en la Ciudad de Salta para participar de los actos oficiales por el 211° aniversario de la Batalla de Salta.
El diputado nacional Pablo Outes participó ayer miércoles de la primera reunión, invitado por sus pares de Tucumán, para analizar la posibilidad de conformar un bloque común con otras provincias para frenar la quita de fondos que emprendió el gobierno nacional y está afectando seriamente a sus respectivas poblaciones. “Diálogo, consenso y concertación” para responder el autoritarismo y la intolerancia del presidente de la nación. Outes también dialogó con el gobernador Osvaldo Francisco Jaldo.
"Yo voy a defender a muerte a los salteños, se enoje quién se enoje", respondió el gobernador Gustavo Sáenz a la velada amenaza de la Casa Rosada sobre que si no se aprueba la Ley Ómnibus, "los gobernadores la van a pasar peor". Y especifico que si el gobierno nacional "suspende las transferencias, muchos salteños dejarán de comer como los chicos desnutridos en el norte, o los paciente oncológicos se quedarán sin sus remedios". El gobernador advirtió: "yo no sé hasta dónde aguanta la gente, en tiempos de clases, muchos la van a pasar mal".
Un presidente que en menos de un mes intentó cambiar hasta las costumbres de los argentinos tan solo con un mamotreto de leyes y artículos, puede ser capaz de cualquier cosa. ¿Quién le asegura a los argentinos que Javier Milei no utilice las facultades delegadas para hacer con un decreto lo que no puede hacer por ley? Nadie. Tras la derrota ante los gobernadores que le costó la eliminación del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, el gobierno defiende el punto de los superpoderes para "conseguir dinero". ¿Los gobernadores le otorgarán semejante poder?
Es tan autoritaria la construcción de poder político de Milei que la estrategia de avanzar con el DNU y luego con la mal llamada ley ómnibus solo tiene como objetivo poner en jaque a las instituciones de la república democrática para imponer sin gradualismo el liberalismo conservador que lleva 100 años de fracaso.
El gobernador Sáenz lamentó su salida, y negó que Royón haya llegado al gobierno de Milei por un acuerdo político. Su regreso a Salta la pone expectante para ocupar un ministerio en la Provincia, de prosperar la idea de Sáenz de oxigenar su gabinete
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.
El diputado capitalino buscará reactivar la investigación sobre el FRH. “No puede ser que nos estemos endeudando de nuevo para pagar este tipo de préstamos, cuando no sabemos qué se hizo o a dónde se fue esa plata”, aseguró.