La diputada provicial Jorgelina "Koky" Juárez, aseguró que hace varios años ya había elevado un informe desde la Comisión de DDHH de Diputados advirtiendo la situación alarmante de los consumos problemáticos en Alto La Sierra, donde hace unos días golpearon y abusaron sexualmente de una niña wichí. Al respecto, remarcó lo ocurrido tiene que ver con "la falta de recursos y equidad para redistribuirlos", y criticó que mientras el ministro de Economía se jacta del "superávit fiscal", faltan centros de rehabilitación para adictos.
DE BUENA FUENTE 10 de noviembre de 2022 El Expreso de Salta
La diputada provincial Jorgelina “Koky” Juárez se refirió al caso de la niña wichí que fue abusada sexualmente y golpeada ferozmente. “Es inadmisible lo que pasa en Santa Victoria con las mujeres, niños y la comunidad; que terminan siendo víctimas de una injusticia”, sostuvo la legisladora y afirmó que “tiene que ver con la falta de recursos y equidad para redistribuirlos”, aseguró Juárez.
Cabe destacar que en la última sesión de Diputados se solicitó la creación de un Centro de Día destinado a la rehabilitación de personas adictas. “No puede ser que tengamos un ministro de Economía -Roberto Dib Ashur- hablando de superávit fiscal, y no tengamos un Centro de Recuperación de Adicciones”, sentenció la legisladora al analizar una de las problemáticas que aflije a las comunidades originarias. Al respecto, aseguró que esta es una problemática que afecta no solo a adictos, sino también a sus padres y familias.
Además, Juárez recordó su labor en la Comisión de Derechos Humanos hace unos años, cuando visitó Alto La Sierra y sus comunidades originarias, donde ya advertían la consolidación de la problemática de los consumos problemáticos; y sostuvo: “Hice un informe para hablar sobre cómo avanzaban problemas de consumos y pedíamos que se aborden con prevención, contención, equipo de profesionales”.
El legislador provincial del sector de Zapata-Olmedo, cuestionó el estado de la salud pública en la provincia. Ejemplificó que en Tartagal faltan servicios y la gente viaja a esta ciudad a hacerse atender, y que el IPS le debe al Papa Francisco más de 30 millones de pesos.
La Senadora por Anta, Alejandra Navarro, dijo que desde el Parlamento se acordó una agenda de trabajo con proyectos en común atendiendo a todas las provincias que se ven afectadas en cuanto a las rutas nacionales y solicitud de convenios de salud recíproca.
La legisladora dijo que nuestro país es “extremadamente centralista”, reconoció que en el Pacto es un pedido de la ciudadanía al presidente Milei, y subrayó que el Pacto de Güemes servirá para decirle a Milei: “esto es Salta, esto necesitamos”.
El titular del Ente Regulador respondió a las críticas del diputado nacional por Unión por la Patria que hace unas semanas dijo que en Salta se paga la luz más cara. Para el Uluncha Saravia desinforma y no dice toda la verdad.
El titular del Consejo de Ciencias Económicas dijo que estiman que 8 de cada 10 Pymes afrontarán juicios de ejecución fiscal. La cifra da cuenta de la crisis del sector. Esperan una respuesta afirmativa de Rentas para suspender juicios.
Godoy reflexionó sobre el presente político de Salta y el país. Dijo que Sáenz se vio obligado a darle un nuevo aire a su gestión porque no le funcionó con Milei, la estrategia de acercamiento que tenía con la Nación. “Hoy es mucho más abarcativo”, dijo sobre el mandatario local.
Según el abogado de la familia de la víctima, Dr. Agustín López, habría sólidos indicios de que Leiseca, un hombre con antecedentes policiales, fue el autor de la certera puñalada que terminó con la vida del joven Ignacio Alejandro Quipildor (22) padre de una nena. El hecho ocurrió el pasado 16 de juliio. Angel Francisco Leiseca fue detenido. La familia pide que se haga justicia y que el autor tenga la condena que se merece, dijo el papá de la víctima, Enrique Quipildor.
Enrique Quipildor estuvo en la Ciudad Judicial reclamando justicia para el crimen de su hijo Ignacio, y de paso contó que en su barrio se vende droga, "lo denunciamos, sin embargo las autoridades no hacen nada", denunció. Además, pidió que el asesino de su hijo pague lo que tenga que pagar en la cárcel.
Se trata del barrio Ampliación Santa Ana II, donde varias familias compraron a Conciel, banco del Noroeste y banco Caseros, que se fueron a la quiebra y ahora los quieren desalojar.
Karina Miranda visitó el programa De Buena Fuente y dijo que el Vicegobernador Antonio Marocco declaró en medios de comunicación que el proyecto de expropiación “no fue tomado con seriedad porque fue un año político”.
El gobierno vetó la Ley de Expropiación que fue aprobado en el 2023 y ahora vecinos del barrio Ampliación Santa Ana II exigen que la provincia expropie y después pagarle al IPV como decía el proyecto.