El caso de la niña de diez años embarazada, por el que distintas organizaciones vienen reclamando desde hace varios meses, viene teniendo una creciente repercusión en los medios del país, llevó al mandatario a abolir el Decreto 1170 que imponía un protocolo que establecía 12 semanas de embarazo como plazo máximo para hacer efectiva la interrupción del mismo, así se trate de un caso de violación, abuso, o si se tratara de una persona discapacitada.
Este decreto impone un límite máximo de 12 meses de embarazo para autorizar el aborto, lo que dejaba sin alternativas a la familia de la niña embaraza luego de ser violada por su padrastro.
El tema también viene siendo tratado desde hace casi un mes en distintas reuniones en la Legislatura, con la decidida presencia de mujeres en las afueras del edificio que reclamaban la derogación de ese decreto sino también en apoyo al debate sobre el derecho a la interrupción del embarazo que se realiza en el Congreso de la Nación. Allí, días atrás el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, había adelantado la decisión de derogar con una ley el mencionado decreto de Urtubey. Sin embargo, el gobernador se adelantó hoy e informó sobre la emisión de otro decreto que elimina las trabas que imponía el anterior. “Es una maniobra de Godoy para relativizar el reclamo de las organizaciones y partidos de la oposición y ayudar a su jefe”, se quejaron desde las organizaciones.
REUNIONES
El pasado 16 de mayo, integrantes de las organizaciones de mujeres se reunieron con diputados para manifestarles su preocupación por las violaciones de menores en la provincia, y que “es muy común que en Salta recién después de las 12 semanas se conozca la violación a las niñas y a partir de ese momento empieza la realización del Protocolo en este tema. “Los lapsos para la intervención del embarazo en Argentina son de 1921, debemos fomentar el cuidado de la salud de las mujeres”, reclamaron.
Aseguraron, además, que la maternidad infantil forzada en personas menores de 13 años siempre es violación, ya que ningún lugar avala que las niñas pueden tener consentimiento en las relaciones sexuales.
Además, explicaron que la situación en los Pueblos Originarios es mucho más difícil, ya que el número de violaciones en estos crece de manera constante.
“Más allá de los puntos que se traten en el Congreso Nacional, hay que resolver los problemas de Salta, ya que no puede ser que las salteñas continuemos siendo ciudadanas de segunda categoría”, sentenciaron las integrantes de las Organizaciones.
Por su parte, los legisladores se comprometieron a realizar las acciones correspondientes para resolver esta difícil situación en la provincia, como así también promover los Proyectos existentes sobre la temática que se encuentran en las diferentes Comisiones de la Cámara de Diputados.
De esa reunión participaron los diputados Santiago Godoy, Norma Lizárraga, Claudio Del Plá, Gladys Moisés, Bettina Romero, María del Socorro López, Cristina del Valle Rodríguez y Ramón Villa.
