La denuncia que el mismo Tallo Figueroa realizó el 4 de febrero, luego de ser despedido de la Católica ante el escándalo de las acusaciones, expresa "que se investigue hasta las últimas consecuencias los delitos de coacción, tentativa de falsificación ideológica de instrumentos públicos, tentativa de cohecho y de todo otro que su más elevado criterio estime corresponde".

Junto al abogado Juan Casabella Dávalos, el sacerdote remarcó que en las acusaciones en su contra, expresadas en una carta documento, no se dieron especificaciones "de tiempo, lugar y modo" de supuesto hecho y por ese motivo, solicitaron a la Fiscalía que se adopten las medidas necesarias para el inmediato secuestro y resguardo de las denuncias que radicaron los alumnos en la Ucasal y no en la justicia.

"Tratándose igualmente de delitos que tendrían por fin la falsificación y/o adulteración de registros universitarios de materias aprobadas, solicita que una vez secuestrados los instrumentos aludidos se evalúe la posible competencia federal para atender en la presente causa, remitiéndose a la Justicia Federal a los obrados en caso de así corresponder", consta en la presentación que ingresó el viernes al Ministerio Público.

"Declaro formalmente que pese a ser sacerdote en ejercicio, no soy pederasta ni abusador sexual en modo alguno. En ese contexto niego también desde ya categórica y rotundamente todos los hechos y circunstancias que se pretende atribuirme en la carta documento", agrega y asegura que se pone expresa y efectivamente a disposición de las autoridades judiciales.