Durante el encuentro, Cornejo planteó al Gobernador la necesidad de suspender la vigencia de la Ley N° 26.052, de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que modificó la Ley N°23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes y permitió a las provincias que adhieran a la nueva norma, actuar en el narcomenudeo. En Salta la adhesión entró en vigencia el 1 de enero de 2014, y desde entonces, la Administración Nacional adeuda los fondos correspondientes que establece la misma normativa. El su artículo 5º, la Ley establece “un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente”. Cornejo citó los antecedentes de Entre Ríos y La Rioja, distritos que adhirieron a la ley, pero suspendieron su aplicación en virtud de la inexistencia de transferencia de los créditos.

Cornejo sostuvo que el incumplimiento del Gobierno Nacional generó hacinamiento en las dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y las comisarías de la Policía de la Provincia, donde también se aloja a detenidos. “Se afectan Derechos Humanos y garantías constitucionales de los internos y la seguridad de toda la comunidad, cuando los efectivos policiales están abocados exclusivamente a tareas de microtráfico y no a otras problemáticas”, afirmó el Procurador. En ese contexto, el Procurador sugirió al Gobernador que la Unidad Carcelaria Nº1, ubicada en Villa Las Rosas, sea trasladada a un espacio suburbano del área metropolitana. “La cárcel quedó ubicada en medio de un área altamente urbanizada, con las consecuencias lógicas para la población cercana”, afirmó el Procurador.

El Gobernador y el Procurador también dialogaron sobre las expectativas del Cuerpo Especializado de Investigadores del MPF. Cornejo remarcó que “es imperiosa la necesidad de que haya 200 miembros efectivos del CEI, porque esos investigadores civiles serán quienes trabajan conjuntamente con los efectivos policiales y dirigidos por un fiscal, en la investigación de delitos de mayor complejidad”. En el mismo sentido, hablaron sobre la próxima promulgación de la Ley que creó una fiscalía de Ciberdelitos, una fiscalía penal en Cachi y otra en Rosario de la Frontera; y que además, modificó la dirección del CIF, que quedará en manos de un fiscal.

En otro orden, Sáenz y Cornejo hablaron sobre el proyecto de Reforma de la Constitución de la Provincia, que ingresará a la legislatura en abril próximo, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias. Consultado sobre los mandatos de los cargos en el Ministerio Público, Cornejo afirmó que deben mantenerse por seis años. Por otra parte, destacó el sistema electoral que puso en vigencia el exgobernador Ricardo Durand (1952- 1955 y 1963-1966), y que dividió el Circuito Electoral en tres secciones: Capital, Norte y Departamentos del Oeste y el Sur. “Una reforma en ese sentido mejoraría la representatividad en Capital, cuyos habitantes hoy están subrepresentados”, sostuvo Cornejo.