Sin vueltas, el reconocido abogado afirmó que “hay una posición muy retrógrada en relación a la salud pública, con un tema que pretende rediscutir la Iglesia de una manera perversa como es el aborto legal que ya existe desde el año 1921, que establece aborto en casos de violaciones o de riesgo de salud de la madre”.

“La Suprema Corte extendió esa ley a toda mujer que haya sido violada, algo que me parece lógico,porque el abuso no puede ser consagrado con obligar a alguien a sostener un embarazo, y sin ir más lejos, hace unos años en Salta aprobamos por ley un protocolo y no pasó nada raro”, agregó. 

En relación a la decisión del Gobernador de la Provincia de haber enviado el protocolo nacional de la ILE a un análisis legal a la Legislatura Provincial, Vázquez opinó que “Sáenz debería consultar a su ministra de salud pública y a los hospitales porque tiene que analizar si realmente las prácticas que presta el Estado es posible llevarlos a cabo en Salta, ya que después, desde el punto de vista legal no hay que pedirle consulta absolutamente a nadie”.

Allí, ante la consulta sobre la objeción de conciencia a la que echaron mano algunos profesionales médicos ante este protocolo, el ex-legislador hizo una comparación con su profesión: “en el caso de un abogado privado, si un violador me pide que lo defienda y me ofrece plata, yo por objeción de conciencia le puedo decir que no, pero si soy abogado público, estoy obligado a defenderlo porque el Estado es el que me está pagando para defender gente”.

De igual manera, prosiguió, “si un médico está en un hospital público y se le presenta un caso que entra en el protocolo de aborto no punible, tiene la obligación de practicarlo, sino se tiene que dedicar a otra cosa, porque en el hospital público no puede haber objeción de conciencia”.

Para rematar, el dirigente radical dijo que “hay gente que tiene la doble moral y que se ruboriza con algunas cuestiones en el ámbito público, pero en el privado lo hacen, y claro que muchos médicos se pierden de mucho dinero si le practican un aborto a una mujer en el hospital público, porque ellos cobran por hacerlo en su actividad privada”.