El ex-diputado provincial de la Unión Cívica Radical, visitó De Buena Fuente en los estudios de FM Atlántida (93.5), donde sentó una férrea postura en relación a la adhesión del protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
DE BUENA FUENTE 20 de diciembre de 2019
Daniel Torres
Sin vueltas, el reconocido abogado afirmó que “hay una posición muy retrógrada en relación a la salud pública, con un tema que pretende rediscutir la Iglesia de una manera perversa como es el aborto legal que ya existe desde el año 1921, que establece aborto en casos de violaciones o de riesgo de salud de la madre”.
“La Suprema Corte extendió esa ley a toda mujer que haya sido violada, algo que me parece lógico,porque el abuso no puede ser consagrado con obligar a alguien a sostener un embarazo, y sin ir más lejos, hace unos años en Salta aprobamos por ley un protocolo y no pasó nada raro”, agregó.
En relación a la decisión del Gobernador de la Provincia de haber enviado el protocolo nacional de la ILE a un análisis legal a la Legislatura Provincial, Vázquez opinó que “Sáenz debería consultar a su ministra de salud pública y a los hospitales porque tiene que analizar si realmente las prácticas que presta el Estado es posible llevarlos a cabo en Salta, ya que después, desde el punto de vista legal no hay que pedirle consulta absolutamente a nadie”.
Allí, ante la consulta sobre la objeción de conciencia a la que echaron mano algunos profesionales médicos ante este protocolo, el ex-legislador hizo una comparación con su profesión: “en el caso de un abogado privado, si un violador me pide que lo defienda y me ofrece plata, yo por objeción de conciencia le puedo decir que no, pero si soy abogado público, estoy obligado a defenderlo porque el Estado es el que me está pagando para defender gente”.
De igual manera, prosiguió, “si un médico está en un hospital público y se le presenta un caso que entra en el protocolo de aborto no punible, tiene la obligación de practicarlo, sino se tiene que dedicar a otra cosa, porque en el hospital público no puede haber objeción de conciencia”.
Para rematar, el dirigente radical dijo que “hay gente que tiene la doble moral y que se ruboriza con algunas cuestiones en el ámbito público, pero en el privado lo hacen, y claro que muchos médicos se pierden de mucho dinero si le practican un aborto a una mujer en el hospital público, porque ellos cobran por hacerlo en su actividad privada”.
El presidente de SAETA admitió que la medida de Milei impactará negativamente en la gente y en el servicio de colectivos. “Nos dejan abandonados”, dijo
Claudio Mohr contó que quieren evitar engaños al sistema y que la deserción gradual no afecte al sistema: “en la UNSa comenzaron unos 20 mil estudiantes y terminaron 5000”
El ex diputado nacional se mostró a favor de un cambio en el sistema impositivo nacional y de coparticipación.
El senador por Orán pidió a los equipos de Patricia Bulrrich má seguridad en la frontera, por el narcotráfico. Y afirmó que la garantía de la seguridad para la población “como la que nos tiene que brindar el gobierno nacional es innegociable”.
El titular del gremio docente destacó el perfil ejecutivo de Fiore. “Yo quiero mejoras y ella quiere hacer transformaciones”, dijo. No obstante, los docentes le pedirán certezas en lo salarial al Grand Bourg
Colque, de la Fundación HOPE, criticó la suspensión de una Dirección nacional que asiste con medicamentos a pacientes oncológicos. “Genera miedo escuchar que la Nación dejará sin remedios a pacientes de todo el país”, dijo
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.
El diputado capitalino buscará reactivar la investigación sobre el FRH. “No puede ser que nos estemos endeudando de nuevo para pagar este tipo de préstamos, cuando no sabemos qué se hizo o a dónde se fue esa plata”, aseguró.