DE BUENA FUENTE Por: Daniel Torres 13 de noviembre de 2019

Gremialista amenaza con inmolarse si lo desalojan

Se trata de Carlos Cruz, Secretario General de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), quien reside en el local gremial de Sarmiento al 900, y en las últimas horas recibió la notificación judicial de desalojo por falta de pago en concepto de alquiler.

En comunicación telefónica con De Buena Fuente (FM Profesional 89.9), el gremialista comenzó contando que “tengo 7 hijos a cargo, y vinieron de la Secretaría de Niñez a darme la contención porque el miércoles próximo nos desalojan de mi domicilio, donde también funciona el sindicato”.

Luego, señaló que “la abogada Liliana Fernández Iriarte me alquilaba la casa, y le pagué hasta que me enteré que la casa es del Estado Nacional, por eso la jueza María Esther Kotik, del Juzgado Comercial y Civil 9° Nominación, no sé en qué se basa para pedirme el desalojo, así que vamos a resistir, y el viernes voy a estar con todos los afiliados para impedir que se lleve a cabo”.

Molesto, agregó que "en el 2009 alquilé, firmé el contrato por 2 años y nunca más renovamos porque siempre cumplí de manera honesta, pero cuando fui a hacer el trámite para poner el agua, ya que acá únicamente teníamos luz, y ningún otro servicio. me di con que hay 62 familias que tenemos el mismo catastro, y que este inmueble pertenece al Estado Nacional, por eso si me quieren desalojar que vengan funcionarios del Estado Nacional, porque acá hay una complicidad de la jueza”.

“Hace dos años que dejé de pagar el alquiler porque considero que me están estafando, ya que yo no vine a usurpar, sino que entré por un contrato de locación, que nunca fue sellado en rentas por lo que 8 años pagué con contrato vencido, y los mismos vecinos me decían que no le pague si ella no era la dueña, además de que en el juzgado me dijeron que la jueza es amiga de la abogada”, denunció. 

Allí, Carlos Cruz realizó la siguiente amenaza: “yo estoy en Sarmiento del 900 al 1100, y voy a comprar un bidón de nafta para prenderme fuego si me quieren venir a desalojar, porque no quiero ningún resarcimiento, pero sí que levanten esta medida, y ya mi abogado, Santiago Pedroza, me dijo que acá hay algo raro porque las otras familias están autorizadas por el ferrocarril a residir, donde la mayoría son ex-empleados, pero esto ya pasó a manos de la provincia, que ahora debe hacer el registro catastral”.

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