Decenas de personas mueren por día debido a algún cáncer o enfermedad terminal en la Provincia. Solo en 2017, las estadísticas oficiales indican que la mortalidad por cáncer registrada en Argentina fue de 118 y 87 defunciones por cada 100.000 varones y mujeres, respectivamente (tasas estandarizadas por población mundial estándar). Lo cierto es que estas personas necesitan de medicamentos costosos que en algunos casos, el Estado lo provee o por lo menos debería hacerlo para que el paciente haga un tratamiento y mejore su condición de salud. La indignación surge cuando no llegan los remedios porque supuestamente hay faltantes y comprarlos de forma privada cuesta demasiado dinero. Las opciones son: la familia junta lo necesario para darle la última esperanza de vida al paciente o directamente lo deja morir con la impotencia de no haber realizado nada. Ahora, ¿Qué pasaría cuando uno se entera que los medicamentos existen pero por negligencia los dejaron vencer y ya no pueden distribuirlos? 

En Salta sucede algo muy grave, el Ministerio de Salud Pública tiene como prestataria de servicio a la empresa OCASA para alojar en depósitos y distribuir cuando así se requiera, medicamentos de todo tipo, desde una bayaspirina hasta comprimidos carísimos de tratamientos como por ejemplo cáncer o HIV. Todo está registrado en planillas al momento de su ingreso como egreso. Sin embargo, hay fechas de vencimientos y necesariamente tienen que ser entregados a los hospitales en tiempo y forma. Las cosas parecen haberse hecho mal desde hace varios años y con gobiernos que fueron cambiando. Ahora, los palets valuados en millones de pesos, están ocultos en una de las sucursales y nadie quiere deshacerse de ellos.

La situación se descubrió a raíz de un juicio contra dos empleados de la empresa OCASA, acusados de robarse una conservadora de medicamentos, valuada en dos millones y medio de pesos. Cabe aclarar que los trabajadores fueron absueltos del delito de administración fraudulenta y se comprobó que se les había armado una causa para tapar otra. Además, uno de los imputados era gerente de la empresa en aquel momento y sostuvo que no era la primera vez que sucedía algo similar, por lo que las irregularidades en la sucursal salteña se repetían con los años y siempre cambiaban las autoridades sin que nadie pudiera poner orden. En varias audiencias de este juicio, se escuchó decir a los testigos que la empresa tenía en su poder varios contendores de medicamentos que habían quedado vencidos y el Ministerio de Salud no sabía qué hacer con ellos.

La nota completa fue publicada en nuestra versión impresa del miércoles 30 de octubre de 2019: