SALTA El Expreso de Salta 11 de noviembre de 2026

La Corte de Justicia avaló la reforma electoral en Salta y despeja el camino hacia 2027

En un fallo de alto impacto político, la Corte de Justicia de Salta confirmó la plena constitucionalidad de la Ley de Participación Democrática (N° 8.535) y rechazó de este modo las acciones de inconstitucionalidad que habían presentado diversos sectores de la oposición. 

El máximo tribunal provincial respaldó las atribuciones de la Legislatura para definir el régimen electoral y organizar el sistema de comicios de cara a las próximas elecciones. Con esta resolución, quedan firmes las nuevas reglas de juego que regirán en el distrito.

Los argumentos del fallo

Ante los planteos presentados por dirigentes y fuerzas opositoras que cuestionaban puntos clave de la normativa, la Corte determinó que las provincias cuentan con autonomía plena para regular sus sistemas electorales.

Entre los ejes centrales avalados por el tribunal, se destacan:

  • Elección directa y acumulación: El fallo ratificó que el mecanismo de asignación de cargos respeta la elección directa de la ciudadanía. Para los cargos unipersonales, los votos de las listas internas de una misma fuerza se acumularán en favor del candidato más votado, un punto que había estado en el centro de la controversia política.

  • Requisitos de territorialidad: La Corte consideró razonable y ajustada a derecho la exigencia de que los espacios políticos presenten listas en al menos quince departamentos para competir por la Gobernación, entendiendo que se corresponde con el alcance provincial del cargo.

  • Organización de candidaturas: La norma establece que cada fuerza política presentará una única fórmula gubernativa, mientras que para categorías legislativas y municipales se habilitará la competencia con múltiples listas internas bajo el mismo paraguas partidario.

Impacto institucional

La sentencia del máximo tribunal disipa la incertidumbre jurídica que pesaba sobre el cronograma y la arquitectura legal de los comicios venideros. Tras este respaldo institucional, los partidos políticos y las alianzas deberán ajustar sus estrategias de armado territorial y alianzas bajo los parámetros convalidados por la Justicia provincial.