Aguas Blancas: Pedirán a la Justicia Federal que investigue la falta de controles a colectivos
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, anticipó que presentará esta semana una nota ante el fiscal federal de Orán para solicitar que se investigue el presunto trato diferencial que recibirían los colectivos de la empresa San Antonio en el control 28 de Julio, sobre la Ruta Nacional 50.
El reclamo surgió luego de que se difundieran imágenes en las que se observa a un colectivo de la empresa pasando por el puesto de control sin que sus pasajeros y equipaje sean sometidos al mismo procedimiento que otros vehículos. Según Zigarán, taxis y traffics que circulan por el mismo lugar deben descargar los bultos para que sean revisados mediante el scanner, mientras que los colectivos de San Antonio avanzarían sin ser inspeccionados.
El interventor cuestionó esta situación debido a que se trata de un punto estratégico del Plan Güemes, destinado a combatir el contrabando y el narcotráfico en la frontera. "A todos los vehículos que llevan los bultos que pasaron el río Bermejo desde Bolivia los obligan a bajarlos, pasarlos por el scanner y volverlos a subir. Pero extrañamente los ómnibus de la empresa pasan por un costado y nadie los revisa", sostuvo.
Zigarán advirtió que, sin controles, no se puede determinar qué mercadería trasladan los pasajeros en las bodegas de las unidades. Incluso planteó que podrían existir riesgos vinculados al ingreso de mercadería de contrabando o sustancias prohibidas, aunque aclaró que será la Justicia Federal la que deberá determinar si existe alguna irregularidad.
También cuestionó las deudas de la empresa
El interventor además apuntó contra la situación económica de San Antonio frente al municipio de Aguas Blancas. Según afirmó, la empresa adeudaría alrededor de $60 millones correspondientes a dos años de obligaciones, mientras que cuestionó la cantidad de pasajeros declarados por la compañía.
Zigarán sostuvo que la empresa tendría entre 30 y 40 unidades afectadas al servicio, que según su denuncia suelen circular con una importante cantidad de pasajeros, incluso personas de pie. También afirmó que la empresa cobra $20.000 por cada bulto transportado.
Ahora, el pedido formal ante la Justicia Federal buscará que se determine si existe un incumplimiento en los controles sobre estos colectivos y si esa situación podría estar facilitando el contrabando en una zona considerada clave para el Plan Güemes.