Sin capítulo de tierras, el gobierno va por agilizar desalojos y favorecer el uso productivo de predios incendiados

El gobierno nacional resignó el capítulo que buscaba modificar la ley de tierras, pero intentará aprobar este jueves en el Senado el resto del proyecto escrito por el ministro Federico Sturzenegger, denominado ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La Cámara alta retomará desde las 14 la sesión que había pasado a cuarto intermedio el 16 de julio. El oficialismo confía en reunir los votos para darle media sanción a una iniciativa que mantiene cambios importantes en los regímenes de expropiaciones y desalojos, además de una reforma de la ley de manejo del fuego que habilita a explotar productiva o comercialmente tierras incendiadas.

El capítulo relacionado con las tierras rurales fue retirado después de que La Libertad Avanza comprobara que no contaba con los respaldos necesarios. La propuesta original eliminaba los límites a la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras.

Ante las resistencias, el oficialismo había ofrecido una modificación: mantener las restricciones, pero elevar del 15% al 25% el máximo de tierras rurales que podrían quedar en manos extranjeras. La concesión tampoco alcanzó para garantizar los votos y el gobierno terminó dando de baja todo el capítulo.

De ese modo, seguirá vigente sin modificaciones la ley 26.737, sancionada en 2011. La norma establece que los extranjeros no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales en los niveles nacional, provincial y departamental, además de fijar límites por nacionalidad, superficie y ubicación de los inmuebles.

Qué queda del proyecto

Esa derrota del oficialismo no implica que se haya caído toda la iniciativa. El Senado deberá discutir este jueves los restantes capítulos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Uno de los ejes es la modificación del régimen de expropiaciones. El texto establece que las declaraciones de utilidad pública deberán interpretarse de manera restrictiva e identificar de forma concreta el objetivo perseguido. También dispone que la expropiación sea considerada necesaria, idónea y proporcional para alcanzar ese fin.

En cuanto a las indemnizaciones, se tomará principalmente el valor de mercado del bien y los daños directos provocados por la expropiación. El proyecto limita el reconocimiento de otros perjuicios y establece, como regla general, un techo del 30% del daño emergente para determinadas compensaciones, salvo que el propietario demuestre una afectación superior.

Otro punto controvertido es el referido a los desalojos. En los contratos de alquiler destinados a vivienda, el propietario deberá intimar al inquilino a pagar la deuda y darle un plazo mínimo de diez días corridos.

Vencido ese término, o finalizado el contrato por cualquier otra causa, el propietario podrá iniciar una acción judicial de desalojo, que deberá tramitar por el procedimiento más breve previsto en cada jurisdicción.

Las organizaciones sociales y de inquilinos cuestionan ese capítulo porque consideran que acelerará los desalojos y reducirá las posibilidades de defensa de quienes atraviesan dificultades económicas. El oficialismo sostiene, en cambio, que la reforma dará mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Manejo del fuego

El proyecto también modifica las restricciones vigentes para las tierras afectadas por incendios.

En el caso de los bosques nativos, se mantendría la prohibición de cambiar el uso que tenían antes del fuego. Sin embargo, la iniciativa elimina las restricciones de 30 años actualmente vigentes para desarrollar emprendimientos inmobiliarios o modificar la actividad productiva en zonas agropecuarias, pastizales, praderas y matorrales incendiados. 

La legislación actual fue impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández con el argumento de evitar incendios intencionales destinados a habilitar negocios inmobiliarios o productivos sobre los terrenos afectados. Uno de los lugares para los que se pensó esa normativa es para las islas del río Paraná ubicadas frente a Rosario.

Pases de factura

La caída del capítulo de tierras provocó malestar y acusaciones cruzadas dentro del oficialismo.

La posición pública de la Casa Rosada fue responsabilizar a la vicepresidenta Victoria Villarruel por las dificultades que atravesó la negociación. Sin embargo, dentro de La Libertad Avanza también hubo cuestionamientos a la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, por haber asegurado que contaba con los votos.

Las críticas alcanzaron además al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autor de la propuesta, y a los operadores políticos cercanos a Karina Milei por la relación con los gobernadores y los bloques dialoguistas.

Pese a las disputas internas, el gobierno espera que la eliminación del capítulo más resistido le permita conseguir este jueves la aprobación del resto de la ley y enviar el proyecto a la Cámara de Diputados.

Mientras el Senado discuta la iniciativa, organizaciones sindicales, sociales, ambientales, universitarias, políticas y de derechos humanos realizarán una jornada federal de protesta.

La principal concentración será frente al Congreso Nacional, pero también se anunciaron actividades en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Resistencia y Posadas, entre otras ciudades.

En Rosario, ATE y la CTA Autónoma convocaron desde las 11 en la plaza San Martín, donde habrá una radio abierta e intervenciones bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también”. Está prevista una movilización desde las 18.

Por su parte, los sindicatos que integran la Intersindical Rosario, entre ellos Luz y Fuerza, Sadop, Bancarios y Correo, anunciaron una concentración y un acto desde las 17 en la sede de Luz y Fuerza, ubicada en Paraguay 1135.

Aunque el gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras, las organizaciones mantuvieron las convocatorias porque rechazan también los capítulos sobre desalojos, expropiaciones y manejo del fuego que siguen formando parte del proyecto.