Allanan casas de dos policías por una presunta maniobra con certificados de antecedentes falsos

Bajo la dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) allanó esta mañana dos domicilios en el marco de una investigación por presunta adulteración de certificados de antecedentes penales.

Los procedimientos se realizaron en viviendas pertenecientes a agentes de la Policía de la Provincia, ubicadas en los barrios Juan Manuel de Rosas y San Isidro, donde se secuestró documentación de interés para la causa y teléfonos celulares.

La intervención de UDEC se inició a partir de una denuncia presentada por la jefa del Departamento Judiciales de la Dirección General de Investigaciones (DGI) de la Policía de la Provincia, tras advertir la desaparición de once troqueles de seguridad utilizados para la emisión de certificados de antecedentes penales.

De acuerdo con las actuaciones, la irregularidad fue detectada en la División Antecedentes Personales, donde se constató el faltante de once stickers o troqueles de seguridad numerados correlativamente, elementos indispensables para la validación de los certificados de antecedentes policiales.

A partir de las verificaciones realizadas, se estableció que alrededor de las 6 de la mañana había permanecido en el sector un agente que ese día se encontraba asignado a otra actividad y que presta servicios en la Oficina de Dactiloscopía, área cuyos integrantes no poseen facultades para percibir aranceles ni intervenir en operaciones de cobro vinculadas a trámites administrativos. La revisión de los sistemas informáticos reveló además, que en una carpeta digital asociada a ese efectivo figuraban confeccionados certificados, una tarea ajena a sus funciones habituales y a las competencias de su cargo.

Personal del Departamento de Investigaciones UDEC entrevistó a las personas que figuraban como titulares de los certificados observados, constatando que los certificados de dos docentes contenían troqueles reportados como desaparecidos. Las maestras manifestaron que un hombre vestido de civil les había ofrecido gestionar el trámite y que incluso concurrió a la escuela donde trabajan con el formulario y una almohadilla para la toma de huellas dactilares. Por esa gestión, transfirieron 32 mil pesos a un alias bancario.

Los investigadores identificaron a ese hombre como un agente de la Policía y establecieron que el alias informado correspondía a la cuenta del otro agente, de Dactiloscopía. También se individualizaron diversas líneas telefónicas utilizadas por ambos sospechosos. Se determinó además, que uno de ellos operaba distintas líneas mediante un mismo equipo telefónico.

El entrecruzamiento de la información permitió verificar múltiples comunicaciones entre los investigados en fechas consideradas relevantes para la causa.

Por otra parte, el análisis de movimientos bancarios permitió reconstruir transferencias de fondos que coinciden temporalmente con los hechos denunciados. El 5 de mayo, por ejemplo, uno de los sospechosos recibió transferencias de dos personas por un total de 64 mil pesos, el mismo día en que se habrían confeccionado y entregado los certificados apócrifos. Asimismo, se detectaron operaciones cruzadas entre las cuentas de los investigados, consistentes en transferencias recíprocas realizadas entre febrero y mayo de 2026.

Del análisis informático surgió además, que el agente que prestaba servicios en Dactiloscopía habría ingresado de manera irregular a las oficinas de la dependencia y modificado un archivo digital compartido para incorporar los datos de dos personas en formularios oficiales. Para otorgar apariencia de autenticidad a la documentación, también se habrían utilizado troqueles de seguridad y sellos institucionales que habían sido sustraídos de la dependencia.

En cuanto al segundo agente, habría empleado sus vínculos con una institución educativa para ofrecer la obtención de certificados de antecedentes personales por fuera de los canales oficiales, eludiendo deliberadamente el sistema informático de turnos web y las normativas arancelarias de la institución.

Teniendo en cuenta la información reunida, la fiscal Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de las viviendas de los sospechosos y el secuestro de documentación y teléfonos celulares. La medida fue autorizada por el juez Diego Rodríguez Pippino.