Caso Agostina: los contactos políticos de Claudio Barrelier
Barrelier ingresó el 28 de octubre de 2021. Era un becario más del programa Jóvenes Cordobeses, una iniciativa loable en el papel, pero que en los hechos se ha vuelto una puerta giratoria para el acomodo. Cobraba entonces 30.000 pesos. Hoy, esa misma suma, licuada por una inflación que no perdona, equivaldría a 670.000 pesos.
Pero lo grave no es solo lo económico. Lo grave es que Barrelier ya arrastraba antecedentes por robo desde 2016. Y lo más grave aún: la semana pasada fue pasado a planta. Bajo el llamado Código 08, una figura del convenio colectivo del SOEM que, tras cinco años de beca, habilita el pase a un *09* (planta transitoria) y, con el correr del tiempo, a la planta permanente. Ese camino, repetido hasta el hartazgo en cada gestión —Passerini, Llaryora, Mestre, Juez, Giacomino—, tiene un nombre en la calle: dedo. O, si se prefiere ser más preciso: recomendación blindada. En este caso, la mano visible fue la del concejal oficialista Ricardo Moreno.
Y aquí aparece la primera herida política. No hay planificación. No hay concurso. No hay evaluación de antecedentes. El Estado que exige rigurosidad para comprar una resma de papel o licitar un cartel —y está bien que así sea—, se vuelve de una liviandad pasmosa cuando debe decidir quién ingresa a su núcleo más sagrado: sus trabajadores de planta. Una firma, un favor, una llamada telefónica, y se compromete un gasto fiscal por 50, 60 o 70 años. Porque del Estado municipal no se va nadie. No se renuncia. Se resiste. Se hereda el cargo. Eso no es administración: es dinastía burocrática.
Barrelier no fue destinado a un área genérica. Fue enviado al Centro de Tránsito, a supervisar nada menos que la entrega de licencias de conducir. Venía del Sindicato de Motociclistas Mensajeros (delivery), sin formación en tránsito, sin un solo examen de idoneidad. Y entonces dejemos de hacernos los sorprendidos cuando estallan escándalos de venta de licencias a 300.000 pesos. No se sabe si Barrelier estuvo involucrado. Pero lo que sí sabemos —y duele decirlo— es que el caldo de cultivo se siembra con estos nombramientos. Cuando el Estado coloca un militante con antecedentes penales en una zona neurálgica de control, el desenlace no debería sorprender a nadie.
El propio abogado de Barrelier reconoció que su cliente estuvo preso 20 días el año pasado. Y, sin embargo, su nombre figuraba en una lista de 30 becarios del 2021 propuestos para el Código 08 a comienzos de 2026. ¿Qué filtros existen? Ninguno, salvo la lealtad. ¿Qué control? El que después intenta poner el escándalo, cuando el daño ya está hecho. Por suerte, el ruido mediático obligará a desvincularlo. Pero si el expediente no hubiera saltado a la luz, Claudio Barrelier habría tenido 30 años de empleo público garantizado. Y luego, 10, 20 o 30 años más de jubilación. Todo a tiro de una firma. Sin concurso. Sin idoneidad. Sin respeto por el contribuyente.
En la Argentina trabajan 3 millones y medio de personas en el Estado: 20% en Nación, 60% en provincias y 20% en municipios. En la ciudad de Córdoba, hay 10 mil empleados de planta permanente, más 2 mil en TAMSE, 600 transferidos al VC-1, 100 en el COIS. En la Guardia Urbana conviven 4 servidores urbanos, dos monotributistas y cinco becarios del estilo de Barrelier. Gente que entra donde le parece, no donde hace falta. Así se vacía de sentido la función pública. Así se naturaliza la incompetencia. Así se construye un Estado que no protege al ciudadano, sino al acomodado.
El caso Barrelier no es un error. Es el síntoma de una enfermedad crónica. Y el único tratamiento posible se llama concurso público, control de antecedentes, planificación estratégica y, sobre todo, coraje político para romper con el dedo. Porque mientras siga alcanzando con una firma para condenar al fisco durante medio siglo, no habrá licitación que nos salve.