Un abogado imputado por presuntas estafas procesales, abuso de firma en blanco y juicios ejecutivos en Salta
La investigación comenzó como una anomalía repetida en expedientes judiciales. Con el correr de los meses, esos indicios se transformaron en una causa de alto impacto: un abogado del fuero local fue imputado por una compleja trama de presuntas estafas procesales, abuso de firma en blanco y usura agravada.
Se trata de Lucas Ignacio Molinas Grondona, quien fue acusado junto a una mujer en el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.
La imputación es provisoria y abarca una extensa cantidad de hechos: 28 casos de estafas procesales reiteradas; 18 hechos en concurso con falsificación de instrumento privado; 31 en concurso con abuso de firma en blanco, además del delito de usura agravada. Durante la audiencia, ambos imputados adelantaron que declararán por escrito.
El punto de partida fue una alerta interna del propio sistema judicial. Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos detectaron irregularidades sistemáticas en expedientes promovidos por una misma parte actora, siempre con el patrocinio del mismo letrado.
Pagarés, un elemento clave en la causa.
Entre los patrones que llamaron la atención figuraban domicilios reiterados para distintos demandados, coincidencias entre direcciones de actores y demandados, y notificaciones que no lograban concretarse.
A partir de esos informes, la UDEC puso en marcha una investigación que incluyó el análisis de más de 70 expedientes judiciales, tareas de campo y entrecruzamiento de datos.
Según la hipótesis fiscal, los imputados habrían montado una operatoria basada en la captación de personas en situación de vulnerabilidad económica.
El esquema, de acuerdo con los elementos reunidos, consistía en otorgar préstamos informales bajo condiciones abusivas y exigir la firma de pagarés en blanco. Luego, esos documentos eran completados con montos y datos presuntamente falsos o desproporcionados.
Con esos pagarés, se promovían juicios ejecutivos en los que se consignaban domicilios inexistentes, abandonados o ajenos a los supuestos deudores. Esa maniobra impedía que las personas fueran notificadas correctamente, dejándolas en estado de indefensión.
En ese contexto, se habrían obtenido embargos y ejecuciones sin posibilidad de defensa, lo que derivaba en el desapoderamiento de bienes y la afectación de ingresos.
Operativos en casas y el estudio jurídico
Ante el volumen de indicios y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, la fiscalía solicitó una serie de medidas que incluyeron el allanamiento de 19 domicilios.
Los procedimientos se concretaron el 29 de abril y abarcaron viviendas particulares, inmuebles utilizados en los expedientes y un estudio jurídico.
En este último se secuestraron dinero en moneda nacional y extranjera, documentación, expedientes y pagarés vinculados a la causa. En el domicilio de la mujer investigada se incautaron cuadernos, carpetas, comprobantes bancarios y un talonario de pagarés en dólares.
Además, en distintos inmuebles se detectaron situaciones irregulares: ocupantes que desconocían cualquier vínculo con las causas, domicilios inexistentes o propiedades en estado de abandono donde se halló documentación judicial.