Denuncian a una "mafia de anestesistas" que paraliza la salud pública
La salud pública en Salta atraviesa un momento de máxima tensión. Lo que comenzó como un reclamo gremial escaló rápidamente a una denuncia por manejos "mafiosos" dentro del sector de anestesiología. Según fuentes oficiales, un grupo reducido de profesionales mantiene de rehén al sistema sanitario, priorizando intereses económicos y privilegios por sobre la vida de los pacientes.
La principal acusación recae sobre la falta de profesionales en la provincia. El ministro Federico Mangione fue contundente: "Son pocos, no llegan a 70 anestesistas para más de 60 hospitales". Esta escasez no sería casual, sino una estrategia para mantener la exclusividad.
Desde la cartera de salud denuncian que este grupo impide el ingreso de nuevos especialistas y restringe las vacantes para residentes. ¿El objetivo? Sostener ingresos que, en algunos casos, superan los 40 millones de pesos mensuales, llegando a cobrarse hasta un millón y medio por una intervención de apenas dos horas en el norte provincial.
Cirugías suspendidas: el paciente como "escudo"
El conflicto no se queda solo en los números. Cada vez que el Gobierno intenta auditar o abrir el juego a nuevos profesionales, la respuesta es el paro. Esta situación ya provocó la suspensión de decenas de cirugías programadas en hospitales clave como el San Bernardo, el Materno Infantil y centros de salud en Orán, Tartagal y Embarcación.
"Parece que los colegas no tienen en cuenta a la gente; no pretendo que ganen menos, sino que laburen", disparó Pablo Salomón, gerente del Hospital San Bernardo, reflejando el malestar que se vive en los pasillos de los nosocomios.
Ante esta situación, el Gobierno salteño busca declarar la emergencia sanitaria para poder garantizar las prestaciones básicas. La pregunta que queda flotando en el aire y que divide a la sociedad es clara: ¿Se puede permitir que la salud de miles de personas dependa de las decisiones de una corporación privada?
El debate está abierto y la justicia deberá determinar las responsabilidades de quienes, bajo el amparo de un delantal blanco, estarían poniendo en jaque la vida de los salteños.